Las piezas que se caen del fuselaje de la gestión de Abinader

El componente del tren gubernamental designado por el presidente Luis Abinader al asumir la jefatura de Estado el 16 de agosto de 2020 ha sufrido, al día de hoy, cambios sustanciales que han dejado fuera, o movidos a otras funciones, a colaboradores clave a lo más alto del complejo formato oficial de mando.

Sobre todo esto, el país ha observado ya algunos hechos impactantes durante estos dos años.

Parte de estos movimientos se han realizado a través de destituciones que han sido consecuencias de escándalos de corrupción, irregularidades, presión social, y hasta presunta violación sexual, siendo escaso este último factor.

Otras han ocurrido por la renuncia del titular de un ente específico, o bien por razones personales o no especificadas, generando un antes y un después en la apariencia del gabinete presidencial.

Una de las más recientes y polémicas destituciones fue la del ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien ahora funge como ministro de Estado sin Cartera, luego de su despido, y luego sustituido por Ángel Hernández.

Esta institucion era uno de los principales centros de atención del diario vivir debido a los diversos escándalos que la ocupaban en asuntos de investigaciones periodísticas.

Otro de los funcionarios de alto nivel y cercano al jefe de Estado que no continuará en el tren gubernamental es Lisandro Macarrulla, quien fungía de ministro de la Presidencia.

En su lugar, el presidente Abinader designó a Joel Santos Echevarría como nuevo ministro interino de la Presidencia. Macarrulla solicitó una licencia después que uno de sus hijos fuera acusado por el Ministerio Público en el expediente del caso Medusa.

La licencia fue acogida por el mandatario de manera indefinida, aunque recientemente anunció su renuncia, públicamente, en un comunicado.

El superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, duró varios días en el ojo del huracán después de darse a conocer que, junto a otros funcionarios, se aumentaron sus salarios mientras las Edes autorizaban aumentos de precios en las tarifas eléctricas de los dominicanos. En medio de las críticas, renunció de su cargo.

Mientras, Paula Disla fue destituida como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y fue designada viceministra de relaciones internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Luego, designaron a Ana Cecilia Morun Solano y este mes hizo pública su renuncia al cargo, obedeciendo a la “necesidad de aminorar su ritmo de trabajo y dedicarle más tiempo sus ocupaciones personales y a su familia”.

A dos años de gobierno no se puede olvidar la sorpresiva designación de la presentadora de televisión, Milagros Germán, como Directora de Comunicaciones y Vocera de la Presidencia.

Esta designación generó muchísimos debates en la opinión pública y fue tendencia en redes sociales por varios días debido algunos deslices que la comunicadora tuvo en el puesto de vocera oficial de la presidencia.

Allí duró aproximadamente un año y luego fue designada como ministra de Cultura, en sustitución de Carmen Heredia, quien pasó a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales, con asiento en el Palacio Nacional.

Mientras que Homero Argel Figueroa Guílamo ocupó la posición de Milagros siendo designado por Abinader como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental. Ya en el 2020 Figueroa había sido designado como director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (Diape, eliminada por decreto por el presidente Abinader), es decir que removido.

Otro que se sumó a la lista de destituidos fue el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Un escándalo sobre supuestas alteraciones en licitaciones para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 fue el detonante para su destitución, y cuyo cargo fue ocupado por el doctor Daniel Rivera tres días después del hecho.

Durante estos 24 meses de gestión de Abinader, los escándalos de corrupción e irregularidades han sido épicos y los funcionarios involucrados en sus respectivas entidades han pagado su precio o, al menos, así lo han justificado.

Kimberly Taveras fue una de las primeras que pidió licencia por incoherencias en su declaración jurada y otras atribuciones de irregularidades.

La ausencia en sus funciones en el Ministerio de la Juventud tenía como objetivo ser investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

Dos meses después la funcionaria dio a conocer su renuncia en sus redes sociales a través de una carta que envió al jefe de Estado.

En su lugar designaron a Luz del Alba Jiménez, quien también mordió el anzuelo después de un año en el cargo y fue destituida por irregularidades en el proceso de Compras y Contrataciones de equipos tecnológicos.

Otro que fue destituido en medio de numerosas denuncias de inseguridad y crímenes fue el mayor general Edward Sánchez González quien estuvo frente a la dirección de la Policía Nacional desde el inicio del gobierno. En su lugar fue designado el actual director, el general Eduardo Alberto Then.

Adán Peguero, quien fungía como director del Instituto Postal Dominicano, también pidió una licencia de tres meses para ser investigado por la contratación de una empresa privada de courier en la entidad pública ilegalmente.

Dos días después de haber solicitado la licencia, Abinader suspendió a Peguero y nombró a Katiusca Báez de manera interina. Esta también fue destituida en los recientes cambios que hizo el mandatario. Erick Alberto Michael Guzmán es ahora el nuevo director.

Leonardo Faña, exdirector Instituto Agrario Dominicano (IAD), fue otro de los que solicitó una licencia temporal a Abinader para enfrentar la acusación sobre abuso sexual que una empleada de la entidad notificó a la fiscalía.

Luego del escándalo que fue el centro de atención de la opinión pública por unos días, Faña fue destituido y en su lugar designaron a Francisco Guillermo García. Al final, Faña fue descargado de las imputaciones.

El pasado administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, igualmente ha protagonizado uno de los escándalos más controversiales de lo que va de gestión, Operación 13.

Primero, Dicent fue suspendido durante 60 días por ser el principal imputado en el fraude del sorteo nocturno en la Lotería Nacional y posteriormente destituido. Abinader designó a Teófilo José Abrahán Tabar (Quico Tabar), como nuevo administrador.

Igualmente, Abinader suspendió a Juan Maldonado Castro como director de Comunidad Digna, por su cercanía a actos de corrupción y lavado de activos procedentes del narcotráfico en la denominada Operación Falcón.

Cecilio Rodríguez Montás fue destituido como director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), también por anomalías en procesos de licitación durante la adquisición del almuerzo escolar junto al Ministerio de Educación. Hasta el momento la entidad es dirigida por Víctor Castro Izquierdo.

El viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, fue destituido al ser vinculado a una supuesta mafia en las expedicion para porte y tenencias de armas de fuego. En su lugar, fue designado Víctor Ramón Castro.

En ese orden, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), presentó su renuncia al cargo por su vinculación en el expediente de la Operación Coral. Fue sustituido por el coronel Roberto Acevedo Tejada.

También, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Dgecac) después de haber sido involucrado con nombramientos de familiares y compras arbitrarias en la entidad.

Otra servidora pública que voluntariamente decidió no continuar en el gabinete fue la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Anina Del Castillo, quien informó su renuncia justificada por razones personales que no detalló.

Ivelisse Acosta, quien se desempeñaba como viceministra de Salud Pública, igualmente renunció al cargo atribuyendo su decisión a razones personales, de las que no ofreció detalles.

Rafael Ernesto Arias fue destiuido como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y en su lugar nombraron a Hugo Beras, quien tenía funciones en el Gabinete de Transporte del Poder Ejecutivo.

También César Julio Cedeño Ávila quien ahora es sustituido por Rafael Abrahán Burgos Gómez designado como nuevo director general de Bienes Nacionales y fungirá y fungirá además como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta su liquidación.

Quedó destituido Reynaldo Enrique García Sánchez como director de la Dirección General de Migración y designó a Venancio Alcántara Valdez.

El presidente Luis Abinader también destituyó a Serafín Canario de la Rosa como administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

La gobernadora por la provincia de Samaná se rifó su destitución luego de que expresara públicamente que “haría una fiesta por cada persona que muriera de COVID que no estuviera vacunada”. Días después fue destituida por Abinader y designó a De León Abreu en la posición.