Algunos abogados inconformes con medidas de juez

La forma en que el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, condujo la audiencia del juicio preliminar a los implicados en el caso Medusa fue cuestionada por varios de los integrantes de la defensa de los acusados.

Algunos de ellos dijeron que se sentían “horrorizados” por la forma en que se estaba conduciendo el juicio, sin la presencia de dos imputados, y la imputada Carolina Pimentel no tenía su abogado defensor.

Al inicio de la audiencia, el juez había pedido que los incidentes que se fueran a presentar se hicieran, por economía procesal, en bloque, a lo que algunos de los abogados habían pedido al tribunal la reposición de plazo de 90 y 100 días, y la notificación, en físico, de las pruebas a cargo, un pedimento que no fue objetado por el Ministerio Público.

Entre los abogados que reclamaron que la audiencia debía aplazarse para una próxima fecha, a fin de que fueran citados los acusados que no comparecieron y la imputada que no tenía un defensor técnico, se encuentran Juan Antonio Delgado, Jorge Lora Castillo, entre otros. Llamaron la atención del juez, alegando que se violaban los derechos de esas personas si se continuaba la audiencia del juicio preliminar, sin su presencia.

Incluso, otro abogado de uno de los imputados advirtió que la decisión que se tomara podría ser recurrida por uno de esos tres imputados, en estado de indefensión.

Juan Antonio Delgado, que se declaró un “abogado de la vieja guardia”, y que se formó con el jurista Marino Vinicio Castillo (Vincho), se preguntó cómo era posible que el proceso iniciara sin cumplir primero con la formalidad de la citación de los dos acusados y a la espera de que la otra imputada contratará su abogado privado.

“Esos imputados, magistrado, si están citados y no comparecieron, están rebeldes, y si no están citados no podemos tener juicio hoy. Y más grave aún, una ciudadana que ni siquiera está representada por su abogado”, enfatizó el jurista. Dijo que la Constitución pone sobre el juez Amauris Martínez “una obligación de ser garante de los derechos fundamentales y nadie tiene que decirle al tribunal que este proceso y esta discusión no es posible sostenerla sin que primero no se cumpla con esas formalidades”.