Pacto eléctrico, tarifa y sostenibilidad de la industria eléctrica

Estoy entre los que creen que los objetivos buscados por el Pacto Eléctrico siempre han podido ser alcanzados, simplemente, cumpliendo la ley que regula la industria.

Ahora bien, una de las principales debilidades del sector ha sido la falta de continuidad de las políticas. Si las mismas pueden ser garantizadas con un acuerdo de largo plazo que permita su cumplimiento bienvenido sea. Aunque estoy convencido que una industria tan compleja no se reforma, moderniza y eficientiza en base a “consensos” y votaciones mayoritarias de sectores variopintos, con intereses e ideologías contrapuestas, así como con una marcada asimetría de información y conocimiento de los aspectos técnicos, económicos y financieros de la industria.

La firma del Pacto Eléctrico en febrero 2021, con la ausencia del denominado Sector Social que objetaba algunos aspectos, fue sin lugar a dudas un logro de las actuales autoridades, que lograron concitar el apoyo de los demás sectores políticos y sociales.

Puesto que el mismo partía de indicadores de desempeño desactualizados, se requería una actualización. Por ejemplo, el nivel de pérdidas en el 2016 iniciaba en 31.5% y debió haber sido entregado en 22.3% a finales del 2020. Sin embargo, a diciembre 2020 estaba en 33.1%. Superior en 2% al punto de partida y un 48%.4% por encima del nivel de pérdidas esperado al 2020. Con el agravante de que, para EDEESTE, las pérdidas alcanzaban un insostenible 50.1% de la energía servida.

Ante esa realidad, el Pacto, con una implícita racionalidad económico financiera, busca disminuir el subsidio al sector eléctrico e incrementar la calidad de servicio mediante una reducción de las pérdidas de energía y una racionalización de la tarifa que elimine los subsidios cruzados de la misma, unido a un incremento de la eficiencia gerencial que disminuya la relación Gastos Operativos/Ingresos, superior al 20% en agosto 2020, a un 10% al final del 2026, fundamentalmente. En esencia, incrementar el flujo de efectivo de las EDEs para lograr, de manera paulatina, su auto sostenibilidad.

El Informe de Desempeño del Sector Eléctrico para el trimestre enero/abril 2022 nos presenta todavía un elevado nivel de pérdidas de las distribuidoras (31.3%), aunque mostrando una reducción de 2.9% respecto al año previo, distribuido en un 21.4% en EDENORTE, 25.7% en EDESUR y 45.4% en EDEESTE. Por igual, un relativamente alto nivel de gastos operativos de US$110.7 millones, superior al trimestre previo en un 1.2%. Mostrando, por el contrario, un positivo repunte en los gastos de capital de un 52%, US$40.9 millones.

Luego, hay que convenir en que, de las tres patas de la mesa de auto sostenibilidad financiera –perdida de energía, gastos operativos y tarifa-, solo una estaba siendo cumplida de manera cabal y religiosa, la tarifa.

Conviene, sin embargo, tener bien claro que el pacto eléctrico no puede ser un decálogo inflexible. No son los “10 Mandamientos de salvación del sector eléctrico”, puesto que la auto sostenibilidad de la industria es un proceso que involucra tiempo, inversión, gerencia y estrategia adecuada.

En este sentido, dos aspectos inspirados en las mejores intenciones le han afectado negativamente. Primero, la camisa de fuerza auto impuesta de suministrar +95% de energía sin considerar el nivel de recuperación de efectivo de los circuitos. Esto, obviamente, aumenta las pérdidas e incrementa el subsidio que se busca reducir. Segundo, la subestimación de la sensitividad tarifaria y el aspecto regresivo inherente a la aplicación de la tarifa técnica “de transición” mediante la eliminación del subsidio cruzado donde los sectores de mayor consumo e ingreso, +700 kwh/mes, compensan en una determinada proporción la tarifa del 80% de los clientes con consumo menor o igual a 200 kwh/mes, sectores de menores ingresos.

Una situación dicotómica relativa a la distribución de los subsidios presupuestales, ya que para el sector eléctrico se va eliminando en cada revisión tarifaria la proporción destinada a los sectores de menores ingresos (menor consumo energía), mientras que en el sector de los combustibles se hace todo lo contrario, se le transfiere una mayor proporción de estas apropiaciones presupuestarias (+$26,000mm) a los segmentos de mayores ingresos, que son los que consumen más combustible.

Agravando esta situación el hecho de que los insumos básicos para la generación eléctrica han incrementado sustancialmente sus costos en lo que va de año –carbón US$161.63 vs US$410.25/ton, gas natural US$4.18 vs US$8.87/MM BTU y WTI US$71.65 vs US$114.84 (Sept. 2021 vs. Junio 2022), lo que ensancha aún más la brecha entre la Tarifa Técnica de Referencia (la que debería ser realmente cobrada por las EDEs en función de sus costos) y la Tarifa Aplicada (la que establece el precio de la electricidad a ser cobrada a los clientes del servicio público de distribución publicada mensualmente por la SIE). En otras palabras, incrementando el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que no es otra cosa que el subsidio gubernamental.

En este sentido, ha sido altamente positiva la suspensión de las revisiones tarifarias y la convocatoria del CES anunciada por la Autoridades, dado que los tarifazos no estaban dando los resultados esperados ni tenían la necesaria legitimidad que otorgaría el haber reducido las pérdidas y los gastos operativos de las distribuidoras. Debiendo ser estos dos últimos el principal desvelo de la administración.