Trata de personas, un delito que también azota República Dominicana

Hoy 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata, que es el ejercicio ilícito de transporte, reclutamiento, retención y recepción de personas mediante el abuso físico o psicológico.

Aunque República Dominicana no es uno de los países donde la incidencia del tráfico ilícito de nacionales marque su paso con mayor fuerza, no está exento de los casos de secuestro, fraude, engaño o abuso de poder que derivan de un opresor que saca provecho de un ente social en condición vulnerable.

Según los datos del último informe de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana sobre la trata de personas, la nacion es un destino céntrico para los turistas sexuales, principalmente de Norteamérica y Europa, para el tráfico sexual de niños.

El archivo, con fecha de expedición del 19 de julio de este año, afirma que el tráfico con fines de explotación sexual comercial en niñas de 15 a 17 años se produce en las calles, parques y playas, muchos a través de redes de tráfico con cortinas de humo que utilizan diferentes metodologías para engañar a sus víctimas; como hacerse pasar por vendedores de algún producto que despierte el interés.

“Los traficantes que operan en redes siguen empleando métodos para enmascarar sus actividades, incluyendo el uso de catálogos para vender a las víctimas a clientes potenciales, utilizando casas privadas, apartamentos privados alquilados u hoteles de estancia prolongada para alojar a las víctimas”, señala el informe.

Mayor índice

Un estudio realizado por Participación Ciudadana para principios de este año indica que esta modalidad tiene mayor índice de presencia en los municipios de zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica, esta última con una fuerte concentración en la captación de población infantil y adolescente.

“Tanto en municipios ubicados en zonas turísticas como en aquellos no ubicados en estas zonas se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que han sido y son víctimas de trata en explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica. Igualmente, población dominicana que se señala como víctima de trata interna para la servidumbre doméstica, explotación sexual y matrimonio servil”, cita el documento.

Según el estudio, del total de víctimas de explotación sexual un cuarto son niños y más de la mitad son niñas y mujeres.

La Embajada de EEUU refiere que Colombia, México y Brasil son los países latinoamericanos más afectados por el flagelo de este delito, con víctimas que son explotadas tanto al interior en el interior de dichas naciones, como en el exterior.

Los principales destinos internacionales son: España, República Dominicana, China, Japón, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Paraguay y Emiratos Árabes, según datos de la Fiscalía General de la Nación.

Complicidad gubernamental

Los datos de la Embajada Norteamericana, afirman que una ONG, y otros observadores, informaron de que la Unidad Policial contra la Trata de Personas (UAT) estuvo operando de forma plena hasta ocurrido el cambio de gobierno en noviembre del 2022, tras lo cual ralentizó sus actividades mientras el nuevo personal aprendía sus responsabilidades; la policía nacional trabajaba con las unidades policiales provinciales para continuar las investigaciones.

Explican, ademas, que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la UAT fueron los principales organismos policiales que investigaron los casos de trata, con unidades policiales en las provincias de Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica.

Igualmente, que la corrupción y la complicidad de los funcionarios en los delitos de tráfico de personas fueron motivo de preocupación dentro del periodo experimental del expediente, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el 2021.

Ley sobre tatra de personas

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado junto al gobierno desde 2019 en la modificación de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, promulgada el 16 de julio de 2003, para que se adapte a la realidad actual, más globalizada y con avances tecnológicos que son aprovechados en la comisión de distintas formas de los delitos que abarca.

Un mes después de que José Monteiro, coordinador de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y director país de Misión Internacional de Justicia (IJM) afirmara que el anteproyecto de modificación de la Ley que, en planes del Ministerio de Relaciones Exteriores, pretendía ser depositado ante el Congreso este año, todavía no ha llegado a manos del organismo y, por tanto, el puntero continúa en el mismo lugar.