El Gobierno ha dado para atrás medidas que han caído mal en la población

Desde el inicio su administración, el Gobierno de Luis Abinader se ha visto en la necesidad de “echar para atrás” varias disposiciones que han generado un gran revuelo en la población dominicana y dentro de su propio partido; y las ultimas semanas no han sido la excepción

La más reciente de todas ellas se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringe el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componen la administración pública.

La comunicación establece que el cumplimiento de la norma se realizará salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del MAP como de la Digepres.

Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún están a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación en donde “aclaraba” que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo.

A través de un comunicado de prensa, el ministro explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el reglón de remuneraciones.

“Tampoco se limita el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas, sucursales, dependencias, etc.”, establecía la misiva.

Las tarifas eléctricas

Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas en las redes sociales por el ya planificado y anunciado aumento para las tarifas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del Gobierno.

Debido a los reclamos, los hashtags y las convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios reporteros que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.

Justo un día después de esas declaraciones, mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la cual se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las tarifas aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.

“Luego de emitida la Resolución No. SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señala la SIE en la resolución. En ese mismo orden, el vocero de la Presidencia Homero Figueroa, reafirmó que las empresas distribuidoras de electricidad deberán refacturar a los usuarios del servicio público de electricidad la factura emitida en el mes de julio.

El retiro del proyecto contra la ciberdelincuencia

Unas semanas antes, a mediados del mes de junio, el jefe de Estado instruyó el retiro del Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.

“Por instrucción del Presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, indicaba Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien fue el encargado de dar la información.

Abinader, mediante el mensaje núm. 13818 del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que tiene por objeto “lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.

Las reacciones a favor de esa medida tomada por el jefe de Estado no se hicieron esperar y la comisión consultiva para revisar legislación sobre libertad de expresión, designada por el propio Poder Ejecutivo, saludó la decisión del mandatario de retirar ese proyecto legislativo.

Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia agregó que la decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.

Fideicomiso de Punta Catalina

El 11 de enero del presente año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo unas semanas antes.

El mismo se trataba de un fideicomiso público integrado por dos instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (Cdeee).

Según la carta de motivación remitida por el presidente de la República al Congreso, la finalidad del fideicomiso CTPC consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.

De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de todos aquellos que quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.

El contrato fue depositado en los primeros días del mes de febrero a las autoridades del CES y dos meses después abrieron el proceso de consultas públicas, que es el estado donde se encuentra el mismo.

Los carnets de habitantes fronterizos

La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población a la misma.

En el mes de febrero, durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.

García agregaba en esa oportunidad que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese carnet pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento” para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales.

Los carnets fronterizos están establecidos en la resolución número 09-2021, que a su vez fue creada según la Ley General de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en esa zona del país.

Un segundo intento de reforma

Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre del 2021 la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría por segundo año consecutivo implementar una reforma fiscal para el año siguiente.

En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno, con el que se procuraba aumentar las recaudaciones sobre la base de incrementar las tasas de Impuesto sobre la Renta, gravar productos exentos con el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (Itbis), subir el impuesto a la propiedad inmobiliaria y eliminar exenciones fiscales.

De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el marco del diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, dijo que por "razones de tiempo" el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen.

Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo hacia la imposición de la misma.

La noche de ese 27 de octubre, el jefe de Estado anunció que no aumentaría impuestos, por lo que no sometió una reforma tributaria.

“No vamos a aumentar impuesto. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica”, dijo el mandatario en una alocución al país.

El presidente dijo que había llegado a un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold, de modo que recibirán “adelantos de sus compromisos con el Estado”.

Esa decisión del Poder Ejecutivo fue aplaudida por varios dirigentes de la oposición política, quienes compartieron la narrativa de que no “era el momento” debido a que el país se encuentra en un proceso de “recuperación económica”, tras el embiste de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Los primeros traspiés

El primero de este tipo de casos fue con la situación de los escoltas militares que estaban asignados al periodista y ahora excónsul del país en Brasil, Melton Pineda, de los que curiosamente dos de ellos eran sus hijos.

En las redes sociales se viralizó el memorándum 23771 del Ministerio de Defensa, con fecha del tres de octubre del 2020, donde se le asignaba a Melton cuatro militares por “motivos de seguridad”.

La decisión generó un gran rechazó por parte de aquellos usuarios de la red social Twitter que llegaron a leer el documento oficial, mientras otros solo esperaban a que el mismo fuera falso ya que preferían creer que el mismo solo era una broma de “mal gusto”.

Esa información fue confirmada cuando la Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había dejado sin efecto la medida. El documento, con fecha del 6 de octubre de ese año, fue dirigido a la primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y al sargento Cristian Bello Pineda. Horas antes salió el decreto en donde Abinader destituía del puesto a Melton Pineda.

En ese mismo mes de octubre del 2020, se hizo de conocimiento público el contenido del proyecto de ley de presupuesto que el mandatario pretendía aplicar en el 2021 y que ya se encontraba en el Congreso Nacional, en el cual se contemplaba una carga impositiva al sueldo de navidad, mejor conocido como doble sueldo, las compras en monedas extranjeras, entre otros nuevos impuestos.

Eso de inmediato causó una reacción adversa a esas posibles nuevas medidas por parte de la población que trajo consigo volver a instaurar entre las primeras tendencias la etiqueta #SeVan, que hicieron popular los perremeístas para desalojar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Luego de esa reacción que contó con la oposición también de varios dirigentes políticos, el presidente dijo que no trata de “imponer nada” y que esos impuestos serían dialogados y consensuados con la población, mientras decía que la necesidad de establecerlos se debía a que encontró “un país quebrado”.

Una de las primeras promesas del mandatario fue que en el 2021 solo le entregaría la mitad de los fondos económicos a los partidos políticos al no ser un año electoral y que la otra parte se utilizaría para la construcción de un campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.

Para el 2021, el Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos; sin embargo, de acuerdo con el presupuesto general del Estado solo se destinarán RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, solitaria la liberación total de los fondos y en el mes de febrero de ese año, El Gobierno informó que se acogerá a la solicitud del órgano electoral y mantendrá sin recortes a la distribución de los fondos de los partidos políticos.