Atropello Canódromo continúa en el ‘limbo’
Al centro, la coronela Santos Pérez, imputada en grupo con Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, todos de la Digesett.
El 23 de junio pasado, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo anunció que estaba listo el expediente para presentar acusación en contra de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a periodistas de medios de comunicación.
Esto luego de dos intentos de la fiscal Santa Reyes, del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, de obtener orden de arresto en contra de los involucrados ante la oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, que rechazó el pedido.
En esa ocasión, la fiscal había expresado que en los próximos días depositaría la acusación contra la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, y los demás imputados en la agresión a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, sus asistentes y a periodistas del Listín Diario y CDN, a quienes despojaron de cámaras y un celular, al que le borraron la data.
Coronela en primera fila
Sin embargo, la oficina coordinadora que preside Kenya Romero no ha recibido, según se informó, la acusación en contra de la coronela, Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
La promesa de medidas
Además, la fiscal informó en esa ocasión que, conjuntamente con la acusación, se solicitará medida de coerción en contra de los imputados de cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico Listín Diario.
El pasado 11 de abril policías al mando de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez propinaron golpes e improperios al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sus asistentes y a periodistas del Listín Diario y CDN, a quienes despojaron de cámaras y un celular, al que le borraron la data.
El Defensor del Pueblo acudió a visitar el centro, junto a representantes de los medios de comunicación, motivado ante los reportajes publicados por LISTÍN DIARIO, a través de los que deplora las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios.
Tras el hecho, personal de la Digesett arrebató el celular de la periodista de Listín Diario, Lourdes Aponte, y borró los archivos de videos y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, ya reiniciados, o en cero.
De su historia El Centro de Retención Vehicular o Canodromo “El Coco” era, como su nombre, lo dice, un terreno preparado para albergar las carreras de perros, pero con el tiempo pasó a manos de lo que hoy es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Fue inaugurado en 1986 en el mismo lugar donde se ubica hoy la avenida Monumental y se disponía ser un atractivo turístico.