Jueza: MP no incluyó al Poder Ejecutivo, legislativo y castrenses en caso Super Tucano
Foto de archivo
Con la presentación de la sentencia integra del caso de los sobornos admitidos por la empresa Embraer para la venta de los aviones Super Tucano, las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, plantearon a profundidad las motivaciones que la llevaron a declarar no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa y el coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
El pasado mes de mayo las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinaron que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines, declarándolos no culpables.
Estas motivaciones fueron expresadas al entender que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes contra los involucrados.
Uno de los argumentos presentados fue que el compromiso de Peña Antonio y Carlos Piccini, aparentemente fue preparar el proyecto y presentarlo a Embraer como compañía idónea para la compra de los Super Tucano y de esta forma convencer a la autoridad pertinente de que esa era la empresa idónea.
Dicen que la persona a convencer era al presidente de la República (Leonel Fernández) para la firma del contrato; sin embargo, “quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto al presidente, si lo entendía pertinente; no era Peña Antonio como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, si no que jerárquicamente hablando le correspondía al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces”.
Asimismo, establecen que conforme a la Constitución, luego de que el presidente manifestará interés en la compra, Peña Antonio como autor del delito, necesitaba la voluntad del Congreso para que aprobara la decisión del presidente de comprar los aviones Super Tucano.
Establecen que la posición que ocupaba Peña Antonio para el 2007, cuando se firma el contrato, era la de menor jerarquía en la línea de atribución; “no se ha presentado prueba de si a pesar de esto, Peña Antonio tenía contactos de influencia en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, que llevara al tribunal a determinar que Peña Antonio tuviera el poder de incidir en la toma de decisión del presidente y de los legisladores, para así agenciarse la confianza de Embraer en entregarle 3.5 millones de dólares.
“Cuando el ministerio público no presenta un esquema triangular para la realización del soborno; esto es, que haya sido desarrollado entre Fuerzas castrenses, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo; por el contrario, el Ministerio Público presentado al tribunal un esquema individual para la realización del delito de Peña Antonio asistiéndose de Carlos Piccini, para su propio beneficio; siendo así, resulta ilógico pensar que el dinero que se movió, a partir del 2009, haya sido para cumplir con lo realizado por Peña Antonio en 2007”, establece la sentencia integra.
En el caso de Carlos Piccini, establecieron que si bien se presentaron ciertos indicios, la prueba resultó insuficiente para aquilatarlos, con fuerza suficiente para convertirla en prueba plena que pueda enervar su presunción de inocencia, ya que no se pudo demostrar su intermediación como Business Group, S.A. y Magycorp, S.A.