Precandidata presidencial del PLD sobre Medusa: “que pague quien tenga que pagar”
Se autodenominó como la “peledeísta más comprometida” para que la justicia cumpla con su rol en torno a casos de corrupción
Foto de archivo del Listín Diario.
La precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, se refirió este martes al proceso judicial denominado como Caso Medusa, afirmando que, en caso de ser culpables, “pague quien tenga que pagar”.
“Si bien es cierto que la justicia tiene que hacer su papel, tiene que mostrar con pruebas y que pague quien tenga que pagar”, manifestó la aspirante a la presidencia de la República, al ser entrevistada por miembros de la prensa.
Asimismo, indicó que el PLD debe presentar proyectos para mejorar las condiciones de República Dominicana, pero esto no debe impedir el accionar de la justicia.
“El PLD lleva su agenda y tenemos que mostrar una propuesta para un mejor país, para mejor y más bienestar para el pueblo dominicano pero, quienes cometieron sus errores, que los paguen”, indicó.
Igualmente se autodenominó como la “peledeísta más comprometida” para que la justicia cumpla con su rol en torno a casos de corrupción, sin importar quién sea el objeto de la investigación.
Medusa
En el caso Medusa son acusadas 41 personas físicas y jurídicas de cometer varios crímenes, entre ellos estafa millonaria al Estado dominicano, siendo el principal imputado Jean Alain Rodríguez, quien fue procurador general de la República durante uno de los gobiernos del presidente del PLD, Danilo Medina.
Jean Alain es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por supuestamente haber cometido actos delictivos en contra del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la Procuraduría General de la República (PGR), al asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos.
De manera similar se le adjudican actos fraudulentos para perjudicar y desfalcar al Estado mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.