Al cumplirse dos años, la reelección requiere cambios

Al cumplirse dos años de la elección del presidente Luis Abinader en la coalición que encabezó el PRM, conviene una revisión sencilla de los resultados, aunque todavía el mandatario y candidato a la reelección, con 49% de aprobación, encabeza las preferencias con el 28.8% de la intención del voto, cuando se mide separado de otros aspirantes en el PRM, frente a Leonel Fernández con un 20.2, con la desventaja para el segundo de que la maquinaria del partido oficial, es más fuerte y tendría que ser auxiliado con la del PLD.

No obstante, el PRM ha visto reducida su aprobación en el último año y, los indecisos, en un sistema político con tradición de adhesión, alcanzan uno de sus niveles más altos, un 15%, algo preocupante.

Entre los otros temas a analizar está el de las prioridades de la gente en los últimos doce meses –pos pandemia– y, el comportamiento de las instituciones; los partidos políticos se deterioran hasta generar un descontento en el 78% de los ciudadanos, seguidos del Congreso Nacional, empero, extrañamente –a pesar de la política de persecución– la justicia cae a su punto histórico más bajo con un 68% de desconfianza y, esto último sucede en un ambiente de pérdida de garantías por aplicación inconstitucional del principio de “presunción de culpabilidad”, pues casi “todo el que es imputado de un hecho” va preventivamente preso.

El reclamo de persecución a la corrupción –bandera a la que Luis no debe renunciar– ha pasado al séptimo lugar y perdido casi todo el empuje en la ciudadanía que otrora tuvo, pues esta empieza a hacer empatía con algunos de los imputados, por la aparente violación de las garantías constitucionales y legales y los excesos cometidos en su contra.

Figuras como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa –al cuestionar que los jueces envíen a todo el mundo a prisión preventiva– y la misma honorable procuradora general de la República, Miriam Germán –un icono de la Justicia–, al indicar que la justicia no se imparte desde las gradas…resumen el descontento general.

No hay que dudar que incluso el presidente Abinader, en su fuero interno, empiece a cuestionarse si prisionero de su buen deseo no ha sido traicionado en su ingenuidad política inicial.

Él, lleno de buena intención, camina hacia el infierno al basar la transparencia de su administración en la justicia penal que, aplicada a los supuestos hechos de la administración anterior, ha querido proyectar como una garantía y un freno a sus propios funcionarios.

La buena administración, un derecho fundamental de los ciudadanos, se obtiene en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a donde los ciudadanos acuden cada día para forzar a los funcionarios a actuar como indica la norma y, su Ley, la más importante de esta gestión todavía no ha sido enviada al Congreso Nacional.

Las prioridades de la gente que se siente atacada por la delincuencia, la inseguridad y los problemas económicos, en particular, desempleo e inflación, este último, contentivo de elementos importados fruto del conflicto en Ucrania y los combustibles, entre otros, ha variado y, en ese mismo sentido debe hacerlo el Gobierno, si desea ganar la reelección: El Gobierno no debe perder los éxitos de sus primeros 18 meses, sería un error. Otro yerro sería creer que el país se entretiene con lo mismo.

El PRM –y sus dirigentes en el Gobierno– ya no es el partido impoluto que un día, ya lejano, asumió. Es una organización afectada, demasiado rápido, del desgaste que produce el ejercicio del poder cuya desaprobación de 24% en agosto pasado alcanza ya el 43%, aunque siga en primer lugar y, eso indica la necesidad de cambios. Muchos de sus funcionarios están afectados de desaprobación por incompetencia manifiesta, por inactuaciones administrativas, por prepotencia, abuso de poder… y algunas otras faltas.

Entre las políticas públicas del Presidente, algunas muy buenas, se hace necesario la conciliación de intereses contrapuestos. Escribí hace tiempo, que la agenda de confrontación con la oposición era incompatible con la agenda de reformas porque de lo que trata la política es de conciliar intereses nacionales. Los intereses no son buenos ni malos, son sólo eso, intereses.

No logrado el consenso para las reformas con quienes un día perdieron las elecciones, pero no el derecho a ser parte de las decisiones del Estado, hoy hay que abandonarlas para dedicar los próximos dos años a la reelección que requiere de políticas públicas distintas, única manera de convertir a Luis Abinader en el reformador del Estado en un segundo mandato de lo contrario seguirá la línea de los presidentes elegidos en la boleta del antiguo PRD, un solo mandato con final trágico o históricamente lamentable.

En nuestro sistema constitucional el Presidente puede delegar atribuciones, pero no renunciar a ellas. Él juró no solo respetar la Constitución, sino además, hacerla respetar con todos sus derechos, removiendo a cualquier ministro o funcionario que se aparte de ella, resulte ineficaz para su tarea, por sus posturas o vendettas personales ponga en riesgo las políticas públicas generales de la administración.

Luis Abinader es una buena persona a quien la gente aprueba como Presidente y, como tal, apegado al cumplimiento de su palabra –es un activo de la República que debemos cuidar, útil por unos 20 años más–, empero, como cualquier ciudadano, es susceptible de un yerro, eso no es un crimen. Lo que sí lo es, es extender los daños del error por temor a corregirlo.

Hay gentes en el Gobierno con los cuales la reelección es un imposible. Si para cuidar el qué dirán, conviene hacerlos arzobispos... desígnelos, lejos, en donde no haya feligreses, pues nada es más peligroso en una contienda que una quinta columna y, recuerde, señor Presidente que, a pesar de su sencillez, usted es el Presidente.

Según Joaquín Balaguer, el Presidente no debe cometer el error de designar a alguien a quien no pueda remover del cargo… pero si lo comete, debe quitarlo, pues la alharaca –que dura una semana– cuesta menos que el daño permanente de su presencia en el Gobierno.