Defensor del Pueblo sacrifica 14 oficinas regionales

Con la modificación al convenio entre el Progra­ma de las Naciones Unidas (PNUD) y el Defensor del Pueblo fue excluida la ad­quisición y equipamiento de 14 locales para oficinas regionales del órgano cons­titucional, que formaban parte de enmiendas reali­zadas al proyecto original suscrito en el 2018, por la entonces defensora Zoila Martínez Guante.

En el nuevo acuerdo, del 30 de septiembre de 2021, se priorizó la ampliación del edificio sede y la mo­dernización de los procesos internos.

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, explicó a Lis­tín Diario que los fondos que serían usados para la apertura de las oficinas re­gionales están asignados a otros componentes y para enfrentar el incremento de los materiales de construc­ción tras la pandemia, a fin de poder concluir el edifi­cio sede, que se le añadió un tercer nivel para cubrir la demanda de espacio de la institución. Sostuvo que en la actualidad, atendien­do a una visión más amplia de lo pactado en el conve­nio, se decidió dar continui­dad al fortalecimiento de su infraestructura, ampliando su alcance con un enfoque hacia el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

“El Defensor del Pueblo en la actual gestión asume el principio de continuidad del Estado al seguir con el convenio establecido con el PNUD por la exdefensora del Pueblo (2013-2021), doña Zoila Martínez Guante”, en­fatizó Ulloa.

Precisó que esa decisión está contemplada en la ex­tensión del convenio firma­do en el 2021 por el Defen­sor del Pueblo y el PNUD. Acotó que desde el 2013 la institución trabaja con esta entidad internacional.

Oficinas regionales Las oficinas regionales del Defensor del Pueblo fueron incluidas en dos enmien­das realizadas al contra­to original, que ascendió a US$3,612,047.

Una primera modificación del proyecto, del 14 de di­ciembre de 2018, procura­ba dotar al Defensor del Pue­blo de infraestructuras físicas en 7 provincias. Contem­pló la adquisición de locales, adecuación y equipamiento de oficinas en Puerto Plata, La Romana, Barahona, Mon­te Plata, Hato Mayor, Sán­chez Ramírez y Montecristi, lo cual implicó la erogación de US$1,391,040

En una segunda enmien­da, del 20 de marzo de 2019, se incorporaron otras 7 pro­vincias, Peravia, San Cris­tóbal, San Juan de la Ma­guana, San Francisco de Macorís, Higüey, Samaná y Espaillat, con lo cual también fue aumentado el presupues­to original en US$1,200,000.

Todas las enmiendas au­mentaron el costo del pro­yecto, pues en la más re­ciente, del 2021, conllevó el desembolso al PNUD de otros RD$100 millones. También extendieron la fe­cha de conclusión.

Encuentro Autoridades del PNUD y del Defensor del Pueblo se re­unieron el pasado martes y se comprometieron a reto­mar los trabajos de construc­ción de la sede del Defensor del Pueblo, que estaban pa­ralizados, según se explicó, por incrementos de costo y cambios en la estructura físi­ca para poder cumplir con la demanda del nuevo titular.

En un comunicado de prensa emitido por el Defen­sor del Pueblo, se informó que en un plazo de 45 días se reinician los trabajos de construcción del edificio que albergará la sede de la insti­tución y que la entrega del edificio será realizada en un tiempo acorde al avance de los trabajos”.

Se detalló que la obra es uno de los aspectos del con­venio, que abarca lo relati­vo a transparencia documen­tal, planificación estratégica, monitoreo y seguimiento de las reclamaciones que recibe la institución, la agenda digi­tal, y otros.

El PNUD informó que en la reunión fue evaluado el estatus de la construcción de la sede del Defensor del Pue­blo y que se comprometie­ron a agilizar la aprobación de los procesos pendientes, a fin de reiniciar los trabajos.

DETALLE La reunión La reunión entre el De­fensor del Pueblo, Pa­blo Ulloa, y la represen­tante del PNUD, Inka Mattila, se produjo lue­go que Listín Diario pu­blicó el pasado viernes que los trabajos de la construcción de la sede del ente constitucional estaban paralizados.