Ciclo de vida del sufragio electrónico

Desde que Julio César Castaños Guzmán asumió la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE) en 2016 mostró sus deseos de ir “avanzando” con el proceso de votación para que el mismo se haga más ágil y anunció que el órgano electoral estaría desarrollando un programa con miras a que en el próximo proceso electivo se utilice un sistema de voto “automatizado”.

Las declaraciones de Castaños Guzmán no fueron tomadas con “buena aceptación”, pues en las elecciones de Estados Unidos se habían producido ciertas denuncias tras la victoria de Donald Trump y ya en República Dominicana, los escáneres de Roberto Rosario intentaron automatizar el proceso de conteo de los sufragios pero los mismos causaron controversia desde el momento de su licitación.

A pesar de ello, los esfuerzos de esa administración del órgano electoral continuaron y la primera prueba del modelo de voto automatizado fue para la escogencia de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en noviembre del 2018.

Allí, los resultados definitivos del proceso fueron computados y presentados apenas 18 minutos después del cierre de la votación, la cual culminó a las 5:00 horas de la tarde, con un total de 3,881 votos emitidos en 23 colegios electorales, para un total de 18.31 % de los inscritos.

“Este proceso forma parte de la construcción de una solución. Digo construcción porque todavía esa decisión no está tomada. Estamos justamente probando en eventos de la realidad cómo es esta elección que tienen, si nuestro sistema funciona. Hasta ahora esto ha funcionado perfecto en todo el país, estamos muy satisfechos en los ocho puntos de votación que tenemos y realmente va transcurriendo de manera sorprendente con facilidad y transparencia, y no tenemos ninguna queja”, decía Castaños en esa oportunidad.

A inicios del 2019, precisamente en el mes de febrero, los partidos políticos que notificaron su decisión de acogerse al método de “Primarias Simultáneas” para la selección de sus candidatos a las elecciones del 2020, firmaron un documento que corresponde al consenso sobre la utilización del voto automatizado en ese torneo interno.

Otra prueba de ese voto automatizado sucedió en abril de ese año en las elecciones de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) que se llevó a cabo este miércoles en 11 municipios del país y el Distrito Nacional, para definir los puestos del Comité Ejecutivo de las 24 asociaciones que la componen, de donde por igual salieron con buenos resultados y recepciones.

Un mes antes de las primarias se realizó el Simulacro Nacional del Voto Automatizado que realizó en los 158 municipios del país en la cual indicó que el cierre de las mesas de votación se realizó exitosamente con la transmisión de un 90% de los resultados en tan solo 30 minutos.

Para esa prueba, la JCE instaló 5,401 mesas de votación con su respectivo módulo de votación automatizado en 3,890 recintos electorales de todo el país. Asimismo, el personal que trabajó en dicho simulacro estuvo integrado por 26,000 miembros de mesas, 4,600 técnicos, 2,500 titulares, suplentes, secretarios y auxiliares de las 158 Juntas Electorales y 8,700 militares de la Policía Militar Electoral.

La prueba de fuego llegaría el 06 de octubre cuando se celebraron las primeras simultáneas, en esa oportunidad luego de culminada los torneos electorales, al tiempo que del lado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la victoria de Luis Abinader se registró sin problemas, en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) las cosas no pasaron de la misma manera.

El entonces precandidato presidencial Leonel Fernández, denunció que su derrota ante Gonzalo Castillo se debió debido a un “fraude electrónico” cometido con los equipos utilizados.

La denuncia de Fernández trajo consigo una auditoria forense de parte de empresa española Alhambra Eidos que determinó que el sistema de votación funcionó correctamente en materia de seguridad y desempeño durante el referido proceso de elecciones, y que no hubo código malicioso que afectara el desarrollo del proceso.

Con ninguna “anomalía” detectada, poco más de un mes después de celebradas las primarias, la Junta Central Electoral y los partidos políticos aprobaron el conteo manual y el voto automatizado para las elecciones municipales de febrero del 2020 y que ese sistema se utilizaría en 16 municipios y el Distrito Nacional.

La semana antes, una auditoría realizada al sistema de votación automatizado que se utilizará en las elecciones municipales del 16 de este mes no identificó ninguna deficiencia importante en su funcionamiento. Según el informe completo del equipo de evaluación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), se determinó que la arquitectura y el diseño general del sistema son de alta calidad y están bien ejecutados.

Sin embargo pese a todas las recomendaciones, ese torneo electoral tuvo que ser suspendido a las 11:11 de la mañana de ese día debido a fallos que no permitían que la boleta electrónica cargara de manera completa; varios meses más tarde una auditoria forense de la OEA señaló que esos errores se produjeron por “dejadez” del departamento de informática de la JCE y no por intromisión externa. Esa conclusión dio al traste con la cancelación del entonces director de esa área, Miguel Ángel García. Tras el estallido social producido por ello, tanto las elecciones extraordinarias del 15 de marzo como las presidenciales y congresuales del cinco de julio fueron celebradas de “manera manual”.

Dos años y varios meses después el Tribunal Constitucional, a través de un comunicado, dio a conocer su decisión de anular y declarar inconstitucional el artículo 99 de la ley 15-19, orgánica del régimen electoral, que habla sobre la automatización del proceso electoral “de manera progresiva”.

Ese artículo dice textualmente que "la Junta Central Electoral (JCE) está facultada, en consulta con los partidos políticos, para la automatización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los sistemas que se usarán, por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de la votación. Las pruebas podrían incluir simulacros realizados exclusivamente para la validación de los programas y equipos a usar. Los mismos podrán usarse como prueba en las votaciones correspondientes a gremios y organizaciones de la Sociedad Civil".