Justicia

Prisión por tres meses a hombre acusado de pornografía infantil

Johannes Wilhelm Streese Suárez. La Fiscalía de Santiago afirma que cuenta con pruebas documentales suficientes para probar la acusación.

Johannes Wilhelm Streese Suárez, con barbas, cuando era conducido al Palacio de Justicia de Santiago. O. DOMÍNGUEZ/LD

El juez de la oficina del Servicio de Atención Per­manente de Santiago, Ci­rilo Salomón, impuso tres meses de prisión preventi­va como medida de coer­ción contra Johannes Wilhelm Streese Suárez, acusado de producir y co­mercializar pornografía infantil.

Streese Suárez cumplirá sus tres meses de prisión en el Centro de Correc­ción y Rehabilitación Ra­fey Hombres.

Al término de la audiencia, el abogado del acusado Pablo Santos dijo que es­tarán apelando la decisión “porque la medida im­puesta no corresponde a la calificación jurídica por la cual se le imputa”.

Alrededor de las siete de la noche se inició la audien­cia de solicitud de medida de coerción contra Johan­nes Wilhelm Streese Suá­rez, acusado de producir y comercializar pornografía infantil.

La audiencia estaba pautada a iniciar a las de 4:30 de la tarde pero la misma se vio retrasada ya que era la número seis en el rol de audiencias del juzgado de atención permanente de la provincia de Santiago.

Suárez, de 39 años, fue ba­jado esposado junto a otras dos personas que no están vinculadas al caso, y fue in­gresado por las autoridades a la sala de audiencias.

Durante todo el trayecto, Streese Suárez buscaba evi­tar presentar el rostro de frente a las cámaras de los diferentes medios de comu­nicación.

El ministerio público había solicitado prisión preven­tiva como medida de coer­ción contra Streese Suárez.

Durante el fin de semana, la Procuraduría General de la República envió a los me­dios de comunicación una nota de prensa donde in­formaba la detención del señor Streese Suárez, fruto de un proceso comenzado con una alerta del Home­land Security Investigations de Filadelfia, en los Estados Unidos.

Alta tecnología El joven fue arrestado por el ministerio público y enfren­ta cargos por violación al ar­tículo 24 de la Ley 153-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancio­na la difusión por medios electrónicos de imágenes y representaciones de carác­ter pornográfico que involu­cre a niños, niñas o adoles­centes.

Entre otras evidencias, el ministerio público tiene en su poder laptos, tablets, un CPU, memorias USB, celu­lares, discos duros y otros dispositivos electrónicos en los que, mediante una ex­perticia forense digital y análisis de dispositivos elec­trónicos, practicados por el Instituto Nacional de Cien­cias Forenses (Inacif), se en­contró material donde se abusa sexualmente de ni­ñas.

Además, la Fiscalía cuenta con fotografías extraídas de los videochats que el impu­tado realizaba con niñas, en los que las incitaba a mos­trar sus partes íntimas.

Llamado del fiscal El fiscal de Santiago, Osval­do Bonilla, pidió a los pa­dres y madres “extremar la vigilancia de sus hijos me­nores de edad y el conteni­do al que acceden en dis­positivos electrónicos, para evitar que se conviertan en víctimas de estos crimina­les”.

La supuesta red para explo­tación sexual funcionaba a través de un sitio de mensa­jería que operaba en Repú­blica Dominicana y Estados Unidos, y al imputado tam­bién se le acusa de compar­tir enlaces de igual conteni­do.

“Esta investigación se mo­vilizó tras recibir una alerta del Homeland Security In­vestigations (HSI) de Phi­ladelphia, Estados Unidos, un organismo internacio­nal vinculado al patrullaje electrónico de estos delitos, lo que dio pie a una amplia investigación que permitió detectar las direcciones IP que utilizaba la red para co­meter los delitos”, indica un comunicado de prensa de la Fiscalía.

LEY 53-07 Antecedente En febrero de 2021, el Primer Tribunal Colegia­do del Juzgado de Pri­mera Instancia del Dis­trito Judicial de Santo Domingo Este condenó a cuatro años de prisión a Sergio Heredia al que las autoridades le ocu­paron 120 videos que muestran niños, niñas y adolescentes mientras eran sexualmente abu­sados por adultos, en violación de la Ley 53-07, y la Ley 136-03 de protección de niños.