Los fiscales que investigan el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, señalan que Miguel Cruz acudió con la intención de matarlo al no haber conseguido la aprobación de unos permisos medioambientales para la exportación de unas baterías usadas.

Por el caso las autoridades tienen bajo investigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vista de que el acusado tenía documentos en originales en su poder con los que se solicitaban los permisos para las baterías usadas.

“La empresa había solicitado un permiso para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido rechazado pero lo habían reintroducido, las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran multiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada”, dice un escrito depositado en corte esta tarde, donde las autoridades piden la imposición de un año de prisión preventiva contra el acusado.