Juez descarga a todos los implicados en el caso de Los Tres Brazos y dice no hay pruebas contra ellos
El magistrado, en su decisión, excluyó varios tipos penales que fueron presentados en contra de los imputados por el Ministerio Público.
El exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, y seis imputados más en el caso de Los Tres Brazos. Foto de archivo / LD
El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió esta tarde un auto de no a lugar a favor de todos los implicados de la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos.
El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró entiende que el Ministerio Público no ha depositado pruebas suficientes que justifiquen el envío a juicio de fondo de los implicados en el caso de los Tres Brazos.
El magistrado, en su decisión, excluyó varios tipos penales que fueron presentados en contra de los imputados por el Ministerio Público.
El magistrado, en sus motivaciones, dijo que “si no hubiese estado Henry Molina en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no se hubiera presentado un descargo a los implicados del caso, porque se estaría llamando y presionando para que acogiera lo contrario”.
En el caso fueron exonerados de toda responsabilidad penal y los acusados Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo, ex registradora de títulos del Distrito Nacional.
También figuran Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Lebrón, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa, Carlos Gómez Williams y Julio Gómez Williams.
Igualmente, José de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Ozuna y Hadonis Ruiz, así como Lisetel González.
El Ministerio Público había solicitado al juez que envíe a los imputados a juicio para que sean juzgados por desfalco y estafa contra el Estado dominicano.
La acusación indica que los citados exfuncionarios se coludieron entre sí para desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo el sector Los Tres Brazos, el cual estaba habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.