Super Tucano: Tribunal no está para sentencias que apacigüen furia de la opinión pública o el poder político
Foto de archivo. Jorge Martinez
La magistrada Arlin Ventura, presidenta del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, hizo énfasis en señalar que los tribunales no están para dictar sentencias salomónicas “para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”, en referencia a la decisión que tomaron de declarar no culpables a los imputados en el caso Super Tucano.
“Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí y son las pruebas las que al final dirán qué procede y qué no procede”, dijo la magistrada previo a comunicar que no habían comprobado la culpabilidad de los imputados.
“El tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados y vale destacar que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”, dijo.
El tribunal indicó que aunque la empresa Magycor se acogió a la condena que le pidió el Ministerio Público, no podían declararla culpable porque no se logró a concretar su culpabilidad en base a las pruebas presentadas en el juicio.
“Esto significa que aunque Magycor se acogió a la condena que le solicitó el Ministerio Publico en su contra, empero las pruebas no lograron concretar su responsabilidad y por ello Magycor merece ser declarada no culpable de los hechos puestos a su cargo. Es decir, luego de hacer la valoración el tribunal determina que ninguno de los tipos penales han podido quedar configurados en cuanto a la participación de los imputados”, dijo la magistrada para entonces permitirle al secretario del tribunal leer el dispositivo de la sentencia.
Durante el caso, el Ministerio Público pidió una condena de 10 años de prisión contra los imputados, además del pago de una multa de US$7 millones en contra de los acusados de supuestamente recibir parte de los sobornos por US$3.5 millones que admitió haber dado la empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) “para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano”.
Los imputados en el caso eran el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández. También fueron parte del juicio las empresas 4D Business Group y Magycor.