La Procuraduría no quiere seguir dirigiendo cárceles
Miriam Germán Brito aboga por mayores recursos para el sistema penitenciario y le instruyó ayer también a los fiscales velar por integridad de personas bajo custodia policial.
Germán instruyó ayer a fiscales velar por la integridad de personas bajo custodia policial. “Si existiere alguna evidencia o indicio de que alguna persona privada de libertad ha sido víctima de la violación de sus derechos, se deberá proceder de manera inmediata a realizar la investigación y actuar conforme a los resultados”. El artículo 276 del Código Procesal Penal prohíbe a la Policía aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, abogó por la necesidad de que se invierta mayores recursos para, por ejemplo, lograr que todos los recintos carcelarios sean vigilados por un solo cuerpo de seguridad y administrados por una entidad distinta al ministerio público.
Sostuvo que desde que llegó a la Procuraduría empezó a visitar las cárceles y constató que el denominado Nuevo Modelo que se estuvo desarrollando, aunque positivo en la práctica, propiciaba una situación de inequidad para algunos privados de libertad del sistema tradicional que podían tener espacio en los recintos reformados.
Explicó que desde el inicio de su gestión ha sido prioridad enfrentar las actividades ilícitas y las indisciplinas que se producen en el interior de los recintos de privación de libertad, conscientes de que se trata de una tarea constante, gradual y multimodal desmontar estructuras instaladas por décadas en el sistema.
Dijo que con la Ley 113-21, promulgada el año pasado y que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana, el país se encamina al establecimiento de un solo sistema carcelario.
Mencionó, además, que el Consejo Superior del Ministerio Público inició el proceso de aplicación de la legislación, mediante la creación del Gabinete de Asuntos Penitenciarios, que encabezó el procurador de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez.
“Aunque con el inicio de la aplicación de la ley el gabinete cesaba en sus funciones, nuestra gestión quiso que los responsables del sistema penitenciario siguieran desempeñando sus responsabilidades para poder enfrentar, de manera más efectiva, las carencias que ya tenían identificadas, porque siempre hemos querido aportar soluciones”, indicó.
Hacinamiento Germán Brito planteó, por ejemplo, que el hacinamiento de la Penitenciaría Nacional de La Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de adecuar el complejo ubicado en Las Parras, Guerra.
“Sin embargo, todos tenemos que estar muy claros, y así incluso nos lo llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la materia, que esas obras, que se inauguraron sin estar concluidas, habían sido sobrevaluadas y, además, tenían que ser debidamente readecuadas”, enfatizó.
Expresó que en su gestión, incluso avanzaron algunos pasos en interés de adecuar el recinto de Las Parras para buscar solución al hacinamiento de La Victoria.
“Pero, como siempre respetamos los procedimientos legales, una vez que los órganos de persecución del ministerio público desarrollaron la Operación Medusa, la cual incluía a la denominada como Nueva Victoria, vimos el imperativo de esperar a que el complejo sea auditado debidamente por la Cámara de Cuentas, porque, como todos sabemos, forman parte de un expediente de corrupción bajo investigación”, destacó.
SEPA MÁS Custodia policial. Germán Brito recordó que el sistema penitenciario alberga a más de 27,000 privados de libertad en 44 recintos, 19 del denominado modelo tradicional.
La procuradora ponderó el esfuerzo realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), dirigida por Rodolfo Valentín Santos, al elaborar y presentar su “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2021”, enfocado en que el sistema penitenciario del país supere los males que arrastra desde hace décadas.