Mesa de Transparencia e Institucionalidad cierra este miércoles con debate inconcluso sobre continuidad del Estado en casos de excepción

Durante el encuentro de cierre de la mesa de transparencia e institucionalidad del Consejo Económico y Social (CES), dedicada a dialogar las reformas a la Constitución Dominicana, la mayoría se mostró de acuerdo con la unificación de las elecciones, pero fueron varias las observaciones a la convocatoria de comicios durante un estado de excepción.

Una de las propuestas realizadas durante la mesa fue celebrar comicios electorales presidenciales, congresuales y municipales de forma unificada, es decir, el mismo día. Con el ejemplo de las últimas elecciones realizadas en el país, el 5 de julio de 2020, la mayoría opinó que sí es viable la realización de la llamada “fiesta de la democracia” en un mismo día.

Asimismo, se presentó la propuesta de prohibir el arrastre electoral en todos los niveles de votación y agregar la convocatoria a elecciones cuando exista un estado de excepción.

“Se agregaría un numeral 4 al artículo 109 de manera que se disponga que la JCE debe convocar oportunamente y en la medida de lo posible antes de que venza el periodo constitucional de los funcionarios electivos a ser sustituidos en dos casos: 1) Cuando de manera previsible las elecciones no puedan ser celebradas en las fechas pautadas en la Constitución debido a la vigencia de alguno de los estados de excepción (…) y que 2) cuando de manera inadvertida una causa de fuerza mayor obligue la pronta cancelación de unas elecciones en proceso o pautadas para los próximos días”, presentó Noelia Rivera, subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo.

Algunos externaron su preocupación de que no se puede abrir la brecha a que cuando culmina un periodo de gestión de algún cargo electivo, los que deben ser sustituidos permanezcan hasta que culmine algún estado de excepción.

“Si es previsible que la Constitución disponga la posibilidad de que se puedan adelantar las elecciones, y si no es previsible que los funcionarios que están permanezcan en su cargos como ocurre en todas las instituciones electivas en la República Dominicana, como fuera de aquí”, explicó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

No obstante, la abogada Patricia Santana Nina consideró que debe diseñarse una propuesta de la que, ante una de las situaciones mencionadas, surja un mecanismo que permita que el Estado continúe funcionando con los controles necesarios.

Pese al cierre de la mesa este miércoles, los proponentes estarán abiertos a recibir por las vías establecidas las sugerencias de correcciones a esta y otras propuestas para la reforma constitucional.

Nueve años para cambio de jueces

El abogado Nassef Perdomo consideró un peligro que los cambios de los jueces de los Tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) en años electorales o pre-electorales.

Durante una intervención, el conocedor del derecho constitucional consideró que de validarse esa modificación se podría crear desconfianza en la población sobre las sentencias que se emitan.

La observación surge luego de que el Poder Ejecutivo propusiera que los jueces del TSE sean sustituidos cada nueve años, lo que varios consideraron como un período extenso.

Durante el cierre de Mesa de Transparencia e Institucionalidad del CES, la cual habría iniciado en febrero, también se trataron las modificaciones a las formas de designación o escogencia de los jueces que rigen las Altas Cortes y otros tribunales institucionales.

Propuestas libres

Luz María Abreu del Partido Alianza por la Democracia planteó unas modificaciones a “un artículo que altera la vida de la mitad de la población por controversial que sea”. Se trata del artículo 37, el cual versa sobre el derecho a la vida.

No se obligaría a ninguna mujer a someterse a un aborto, según Abreu, sino que se busca que el Estado brinde apoyo “a aquellas mujeres que no deseen parir”.

Asimismo, propusieron que la reforma constitucional conlleve los derechos de la naturaleza.

También Arsenio Hernández Fortuna de Frente Amplio planteó que cree necesario que haya bases constitucionales para iniciar un proceso de redistribución de las riquezas. Además, que el Congreso sea quien elabore y administre el Presupuesto Nacional, mientras el Poder Ejecutivo lo ejecuta.

Además, limitar la adquisición de tierras de extranjeros porque se convierte en un problema de soberanía nacional, establecer un congreso unicameral y permitirle el voto a los militares. Sobre esto último, varios expertos del Derecho se manifestaron en desacuerdo y aseguraron que el país no está preparado para habilitar el voto militar.

El miércoles 25 de mayo, último del mes, esperan reencontrarse para conocer el documento final de la propuesta y hacer las correcciones necesarias antes de darlo por aceptado y presentarlo.