Tribunal deja sin efecto otra solicitud de peticiones; ahora de Juan Carlos Torres Robiou implicado en caso Coral 5G
El exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, implicado en el caso Coral l5G, acude ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con una solicitud de peticiones.
Empero, el magistrado Raymundo Mejía, dejó sin efecto las peticiones presentadas por el imputado, a través de sus abogados Eduardo Núñez Vásquez y Harold Aybar Hernández, con las que buscaban la entrega de documentaciones bancarias y de la auditoría practicada al Cestur.
El juez de control, apoderado del expediente de las investigaciones, tomó la decisión debido a que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los encartados en el caso Coral y Coral 5G.
Ayer, el juez también dejó sin efecto otra solicitud de peticiones que había sido presentada por la defensa del coronel Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz, dos implicados del caso Coral, bajo los mismos argumentos.
Se espera que en las próximas horas la jueza Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sorteo aleatorio computarizado, apodere el tribunal que deberá conocer la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde solicita la fusión de los dos casos.
En la lista de los acusados están los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Torres Robiou, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.
Aunados a ellos, están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.
La acusación
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
Además, establece que el "entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves".