Protocolo para entrega de vehículos en El Coco
¿Qué se va a hacer con los vehículos retenidos? ¿Cuándo iniciará la reubicación del canódromo? Y, ¿variarán el método para almacenar automóviles detenidos? Son preguntas aún sin respuestas definitivas, pero en las que, según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), está trabajando la comisión designada por el gobierno central para resolver la fuente de conflictos en la que se ha convertido el Canódromo El Coco.
Este centro de retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), atravesará por un proceso de evaluación que tendrán a su cargo representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Intrant y la Digesett.
Esta comisión tendrá la responsabilidad de establecer el protocolo para la entrega, proceso para el que ya se han realizado varias reuniones con los actores, siendo la última el pasado 29 de abril.
En el encuentro, se acordó una próxima reunión en la que los órganos administrativos designarán los grupos de trabajo para cada centro de retención; esta fecha aún no ha sido revelada.
Auditoría
Asimismo, como parte del proceso de intervención, la Contraloría hará una auditoría de “todo lo retenido”, que de acuerdo a un documento obtenido por este medio de parte de la Digesett, hasta el 13 de abril la institución mantenía retenidos 33,585 vehículos.
Tras la obtención de los resultados del escrutinio se realizará una publicación para hacer un llamado a todos los ciudadanos para que, con la documentación pertinente, puedan ir a retirar sus unidades de transporte.
El nuevo canódromo
Respecto al nuevo destino al que se trasladarán los vehículos de “El Coco”, el Intrant indicó que se está trabajando para la construcción de un centro de retención “donde el Estado asuma la responsabilidad frente al ciudadano sobre el vehículo que lleva”.
El detonante
Estas acciones surgen a raíz de que agentes de la Digesett agredieron, el pasado día 11 de abril, al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a periodistas y reporteros gráficos de LISTÍN DIARIO y CDN.
La agresión se produjo cuando el defensor del Pueblo, acompañado por la prensa, trató de realizar una inspección en el depósito de vehículos.