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Justicia

TSE rechaza suspender plazo para inscripción de candidaturas nacionales en proceso interno del PRM

Tribunal Superior Electoral

Wanda MéndezSanto Domingo, RD.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó suspender el cierre del plazo para el registro de candidaturas nacionales fijado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para este jueves, con miras a la convención que realizará el 20 de mayo para escoger a sus autoridades internas.

Los jueces del TSE rechazaron la solicitud de medida cautelar que hizo el abogado Fidel Alberto Tavárez, quien coordina la Corriente Democrática Institucional del PRM, al inicio de una audiencia en la que se conoce una “acción de impugnación” contra la Convención Nacional Extraordinaria que celebró el PRM el 30 de enero del 2022, en la cual fue aprobada una reforma de sus estatutos.

El tribunal, presidido por el juez Ignacio Camacho, argumentó que no dispone de las pruebas del supuesto plazo de inscripción de candidaturas que ha sido usado como sustento de la solicitud de la medida por parte de la parte accionante.

Igualmente, consideró que no existe la inminencia del daño que pudiera ser irreparable contra la parte demandante, “toda vez que en caso de que la demanda principal prospere, la sentencia produciría un efecto retroactivo sobre todos los actos partidarios que se hubiesen producido”.

También rechazó aplazar la audiencia como pidió al inicio la parte accionante con el propósito de que la JCE valide varias certificaciones que depositó el PRM. El tribunal dispuso la continuación de la audiencia.

En su instancia, Tavárez pide la ratificación del artículo 106 de los estatutos vigentes, que establece el voto universal, directo y secreto de la militancia del partido como único método de elección de los altos cargos de la dirección a nivel nacional y local, entre otras cuestiones.

Tavarez ostenta su representación legal, mientras que la barra de defensa del PRM la integran los abogados Arístides Espejo, Cristóbal Rodríguez, Edison Joel Peña y Carlos González.

En el proceso participa como interviniente voluntario el abogado Guido Gómez Mazara, quien está representado por la exjueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez y Nassef Perdomo.

Gómez Mazara se adhirió a las pretensiones de la parte demandante.