JCE también tuvo “barrilito” como el de los consulados

Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) trabajaban bajo un régimen similar al que actualmente operan los consulados dominica­nos, con claros márgenes de discrecionalidad que terminaban beneficiando a quienes dirigían esas en­tidades.

Esto consistía en que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matri­monio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Ci­vil por celebrar un matri­monio tanto dentro como fuera de la oficialía.

Cada oficialía, según explica Roberto Rosario, expresidente de la JCE, es­tablecía un costo distinto sin tener interés en de qué manera esto perjudicaba al ciudadano.

Además de ello el ex presidente de la entidad indicó que alrededor de las oficialías se crearon mafias, las cuales dificul­taban el proceso de obten­ción de la documentación de las personas.

Algo que facilitó esta acción era que, en ese en­tonces, más del 98% de los trabajos en esas en­tidades eran manuales. Así que en conjunto a em­pleados del interior de la Junta y personal del exte­rior, se extorsionaban a los ciudadanos, quienes te­nían en ocasiones que pa­gar grandes cantidades de dinero para poner tener un documento, e incluso im­plicaba extensos periodos para conseguirlo, por esos mismos obstáculos.

El también expresidente de la JCE dijo que, al igual que en la actualidad, todo el mundo conocía sobre la si­tuación, tanto así, que se ve­nía arrastrando desde alre­dedor de los años 80 y 90.

El entramado estaba ahí y todos lo sabían, pero no era de interés de los que pa­saban por el cargo, según Rosario.

“Nosotros sabíamos qué estaba ocurriendo porque, así como el Listín Diario lo publica ahora, otros medio lo denunciaron en ese mo­mento”, explicó, agregan­do que, tomando en cuenta las denuncias que salieron en medios escritos y televi­sados, en el año 2007 se so­metió un reglamento al ple­no de la JCE para que esta procediese a declarar esos ingresos como públicos.

Reglamento y beneficios En ese reglamento, según lo detallado por Rosario, se estableció que, a partir de ese momento, el salario que recibía un el Oficial del Es­tado Civil pasaría a ser un salario que pagaría la JCE, contrario a como ocurría anteriormente que de todo lo ingresado a la oficialía se cubrían los costos de fun­cionamiento de la entidad y lo restante iba en beneficio a ese oficial.

El servidor público de­claró que había alrede­dor de 30 o 40 Oficialías que tenían ingresos supe­riores al mes de más de RD$800,000 y, en algu­nos casos, superando los RD$2,000,000 mensuales.

Al momento de poner­se en marcha lo establecido por el reglamento someti­do, el primer año se produ­jo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 mi­llones y al año 2016 ya esa cifra iba por RD$1,200 mi­llones por esas actividades de autogestión.

Expuso que, en el ca­so de los consulados, exis­ten algunos que funcionan bajo el mismo criterio, po­niendo como ejemplo los de Nueva York, Madrid, Barce­lona y los de Haití, donde de cierta manera operan la “discrecionalidad, regula­rización y de total autono­mía” sobre los fondos, los cuales son aportados por el ciudadano.“Son fondos pú­blicos que se manejan de manera privada y que se utilizan con el único propó­sito de favorecer a alguien”, señaló Rosario.

Voluntad política Igualmente, puntualizó que el gobierno actual había prometido en la campaña que, de asumir la dirección del Estado, resolvería y eli­minaría esos “privilegios” y los convertiría en ingresos públicos, pero que no existe voluntad política.

Lo cual, en el caso de que ocurriese, se mejoraría el servicio civil que ofrecen los consulados y los ciuda­danos recibirían un me­jor servicio y más barato. Criticó, también, que ac­tualmente República Do­minicana tiene el servicio consular más caro de Amé­rica Latina.

Y alegó que la Constitu­ción pone a cargo del pre­sidente el control y la dis­posición de las políticas del exterior, tanto desde el ám­bito administrativo como el funcional. “Solo basta con un decreto del presidente o con una decisión que emita la dirección del Mirex para que eso se regularice igual que lo hizo la JCE”.

“Cuando yo sometí el reglamento, nadie me lo pidió, nadie lo exigió, sim­plemente había la volun­tad política de disminuir los costos a los ciudada­nos, de facilitar la vida de estos y eficientizar ese ser­vicio”, comentó Rosario.

SEPA MÁS Los resultados. Rosario dijo que gracias a esos ingresos, el 98% del papeleo que era ma­nual ahora el 100 % está automatizado, mientras el patrimonio de la JCE aumentó “sustancial­mente” y casi todas las oficinas en el interior del país fueron construidas con los recursos que pro­vinieron del pago de los ciudadanos.

Control de ingresos. Dijo que así como lo hi­zo la JCE en 2007, lo puede hacer el Mirex ahora, y emitir una re­solución o un reglamen­to que la ley orgánica le permite, asumiendo el control de esos ingresos.