Digesett todavía no ha devuelto equipos retenidos a periodistas del LISTÍN en Canódromo
El incidente en cuestión ocurrió el pasado lunes cuando el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó en el Canódromo para inspeccionarlo
Imagen del incidente del Canódromo. Foto: Listín Diario.
Un día después de registrarse uno de los capítulos más vergonzosos de la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la institución todavía no ha devuelto los equipos ilegalmente retenidos a periodistas del LISTÍN DIARIO por agentes de esa entidad.
El incidente en cuestión ocurrió el lunes cuando el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó en el Canódromo, ubicado en la intersección de las avenidas República de Colombia y Monumental, para inspeccionarlo, tras varios reportajes realizados por este medio sobre el lugar.
Sin embargo, y a pesar de que estaba cumpliendo sus funciones, a Ulloa le negaron a entrada, desatando en el proceso un altercado en el que no solo agredieron físicamente a miembros de la prensa y de la oficina del Defensor del Pueblo, si no que se apropiaron de varios instrumentos de trabajos y personales de los agredidos.
De manera específica agentes de la Digesett le arrebataron la cámara del reportero gráfico Raúl Asencio, además de su reloj inteligente; un celular que utilizaba la periodista Lourdes Aponte; y la cámara del camarógrafo de CDN, Víctor Olivo.
Ante estas transgresiones de “agentes del orden”, la entidad a la que pertenecen se limitó a emitir un corto comunicado en el que “lamentaron” el incidente, pero donde también intentaron justificar el hecho de que negaron la entrada al Canódromo a Ulloa, alegando que “no hubo ningún tipo de notificación previa” de su inspección.
Sin embargo, lo anterior es irrelevante, puesto que la Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo, le da potestad a su director a inspeccionar cualquier oficina pública sin previo aviso.
“El Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”, reza parte de ese documento.