Justicia

Abogado de Torres Robiou, de Coral 5G, visita a implicado de caso Coral

Juan Carlos Torres Robiu. Archivo LD

Redacción DigitalSanto Domingo, RD

Félix Portes, defensor del coronel policial Rafael Núñez de Aza, quien guarda prisión preventiva por su vinculación al caso Coral, denunció que el abogado del implicado en el caso Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), visitó a su cliente en la cárcel de Najayo.

“Interesante saber razones apremiantes que llevaron al Gral Robieu del caso Coral5G mandar a abogado, sin mi autorización, a visitar a mi cliente en CCR-Najayo en violación a principios de ética, cortesía profesional y prudencia. Lo más decepcionante es q el letrado haya aceptado”, señaló Portes en su cuenta de Twitter.

Interesante saber razones apremiantes que llevaron al Gral Robieu del caso Coral5G mandar a abogado, sin mi autorización, a visitar a mi cliente en CCR-Najayo en violación a principios de ética, cortesía profesional y prudencia. Lo más decepcionante es q el letrado haya aceptado

Núñez de Aza, junto al mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán -hijo de la religiosa- el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, son acusados de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Mientras que Torres Robiu y otros son acusados de participar en la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Además, el expediente señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y otras instituciones estatales.

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