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Ley tasa cero aranceles y el destino del productor dominicano

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Willians de Jesús SalvadorSanto Domingo

El gobierno dominicano, ante las alzas mundiales de precios, consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, y de los restantes efectos económicos de la pandemia, propone la medida de eliminar temporalmente el impuesto por importación a ciertos bienes, parte de la canasta básica familiar.

Son 67 alimentos, tales como carnes, granos, harina, aceites y pan los que el Poder Ejecutivo incluyó en un proyecto de ley depositado el pasado viernes. De manera provisional, grava con tasa cero el arancel de aduanas.

Una medida análoga ha sido tomada (Listín de ayer) por el gobierno colombiano.

El día 31 de marzo de los corrientes, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Fue una sesión accidentada marcada por reclamos de los congresistas opositores pidiendo que se les permitiera debatir el tema. La imposición a rajatablas del presidente del hemiciclo motivó el retiro de los legisladores de los partidos de oposición PLD, FP, PRD y Alianza País.

El PRM partido gobernante reaccionó, defendiendo tasa cero aranceles, el vocero fue el ministro Miguel Ceara Hatton, quien pidió a la poblacion no escuchar a políticos egoístas que rechazan la ley.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó ayer que no hay otra opción para mitigar el impacto del proceso inflacionario mundial, que la ley provisional que fija tasa cero a productos de consumo humano importado, por lo que apeló a la razón.

Los congresistas de la mayoría, así como la Fundación Institucionalidad y Justicia avalan la legitimidad del procedimiento para aprobar el proyecto de ley, como conforme a la Constitución de la República y Reglamento de la Cámara, porque la misma no tiene carácter de orgánica. Sin embargo, no consideramos que está allí el meollo del asunto. Los partidos opositores optaron por colocarse al lado de los productores dominicanos, afectados por la medida, en contraposición al gobierno, por múltiples razones de carácter político. Además, la “pregunta del millón” es ¿a quién mayormente beneficia la ley? ¿al pueblo de a pie o a empresarios importadores? ¿Y a expensas de quién?

Es muy cierto que las economías de los países en desarrollo están sufriendo grandes desajustes, por la inflación resultado del aumento de la demanda global, las interrupciones de las cadenas de abastecimientos, el incremento del costo de combustibles y fletes. El apagón mundial por la pandemia de la covid-19 ha provocado daños en el tejido de esos países y causado alzas de los precios de los más diversos productos de la canasta familiar. Esto provoca conmoción en los sectores más vulnerables de la sociedad, y coloca a los gobiernos en situación de ascuas, obligándolos a tomar medidas excepcionales.

Es indiscutible que la guerra de Ucrania ha creado un nuevo escenario a nivel mundial. Los precios de alimentos como el trigo, maíz y el aceite de semillas, de los combustibles, petróleo, gas, carbón, y de los fertilizantes, se han inflado vertiginosamente. El efecto directo sobre un país depende de sus relaciones comerciales con Rusia y Ucrania. El indirecto es general. El Banco Mundial ha sido enfático en señalar que esta situación puede provocar un aumento del hambre y acentuar la inseguridad alimentaria, disparando aún más la inflación, con una disminución real de los salarios y aumento de la pobreza.

El Banco Mundial en Blogs, la sección Voces, publica una análisis de Indermit Gill, vicepresidente del Grupo de Práctica Globales de Desarrollo Equitativo, Finanzas e Instituciones(EFI), Banco Mundial y Peter Nagler, economista del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo: “La inflación podría causar estragos en los pobres del Mundo”. Dicen textualmente: “Los responsables de formular políticas deberían, en cambio, utilizar políticas de bienestar social para proteger a los más pobres del alza de los precios. Estas políticas podrían incluir redes de protección social específicas, como transferencias monetarias, alimentos y transferencias en especie; programas de alimentación escolar, y programas de obras públicas…Será necesaria la cooperación internacional y esfuerzos de comunicación para evitar la aplicación de medida de toma y daca.”

Finalmente, Mari Elka Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, aconseja, apoyar a los agricultores. Si bien las existencias mundiales de alimentos son por ahora adecuadas, debemos proteger las cosechas de la próxima temporada ayudando a los productores de alimentos a enfrentar un marcado aumento y la menor disponibilidad de los insumos, incluidos los fertilizantes.

Medidas como eliminar los obstáculos al comercio de insumos, poner mayor énfasis en un uso más eficiente de los fertilizantes, y reorientar las políticas públicas y el gasto para dar un mejor apoyo a los agricultores, podrían ayudar a proteger la producción de alimentos dentro de seis meses. También es hora de invertir más en investigación y desarrollo en esta área, ampliar la aplicación de biofertilizantes que dependen menos que los fertilizantes sintéticos de combustibles fósiles, aumentaría las alternativas sostenibles para los agricultores.

Decisión difícil para el presidente Luis Abinader, que se ha caracterizado por ser un mandatario con talante democrático, vocación de dialogante y ciertamente identificado con los productores nacionales, balancear intereses contrastantes. Parece oportuna una pausa de reflexión, dejando sobre la mesa la pieza aprobada en la Cámara de Diputados, y una concertación con los sectores productivos nacionales, escuchando también los argumentos de los partidos opositores. Si siempre, en las democracias, las minorías deben ser escuchadas, en tiempo de crisis es aún más aconsejable la democracia del consenso.

La inflación, la inseguridad alimentaria, no son un problema solo del gobierno, son un problema del país y el interés de la nación debe primar, por encima de los intereses políticos y de los sectores de clase que se favorecen en las grandes crisis.

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