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La República martes, 08 de marzo de 2022

Fiscalía sostiene policías “se asociaron para matar”

El raso Guillermo Rosario Melo, uno de los acusados, no estaba de servicio. Al menos 10 casquillos recogidos en la escena del doble crimen fueron disparados por él.

  • Fiscalía sostiene policías “se asociaron para matar”

    El reclamo de justicia por el asesinato de la pareja de pastores evangélicos en Villa Altagracia se ha mantenido desde hace un año.

Yadimir Crespo
yadimir.crespo@listindiario.com
Santo Domingo, RD

“Resultando Elisa Mu­ñoz Marte y Joel Díaz Fe­rrer muertos por múltiples disparos de armas de fue­go (…) como consecuen­cia de la asociación de los agentes policiales que es­tán para proteger a los ciudadanos, pero que se asociaron para matar”, ex­pone el Ministerio Público en sus investigaciones del caso que a finales de mar­zo pasado consternó a la sociedad dominicana.

Una pareja de jóvenes que salían de predicar en una actividad evangélica fue­ron acribillados por agen­tes del cuerpo del orden la noche del 30 de marzo de 2021, en Villa Altagracia.

A casi un año de este he­cho, Listín Diario tuvo ac­ceso a la acusación contra los policías involucrados y todo apunta a que el in­tercambio de disparos con el que se defendían los poli­cías fue una farsa para ocul­tar su accionar.

La fiscalía de Villa Altagra­cia afirma que los policías se asociaron para matar, te­niendo al coronel César Ma­ríñez como coordinador, or­ganizador y director de la operación criminal con la que violaron los estatutos y procedimientos del cuerpo del orden.

“Se asociaron para ocasio­narle la muerte a los ocu­pantes del carro en que se desplazaban unos supues­tos delincuentes, con claro y evidente propósito de ma­tar”, incumpliendo con los protocolos establecidos por la institución y, además de errar en el accionar, fallaron en su objetivo (error in per­sona).

 

Sin ejecutar ninguna acción para detener el vehículo en que se desplazaban las víc­timas, sin mediar palabra, sin confirmar si quienes se trasladaban en el Kia blan­co eran los delincuentes que según ellos habían cometi­do un crimen en Bonao y se escapaban a Santo Domin­go, sin agotar todos los mé­todos menos nocivos como indica el reglamento que los instruye, violaron los protocolos de la institución acatando órdenes de su su­perior: el coronel César Ma­ríñez Lora.

Edward Sánchez González, quien se desempeñaba en­tonces como director de la Policía Nacional, lo confir­mó en una entrevista con­cedida a la periodista Alicia Ortega, en su programa de investigación “El Informe”, y su declaración pública es­tá incluida como prueba tes­timonial del Ministerio Pú­blico. “Todos los protocolos de actuación se violaron, no hay excusas es un he­cho que nunca debió ocu­rrir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros”, di­jo entonces el exdirector de la Policía, quien por el car­go que ostentaba tuvo acce­so a información de prime­ra mano.

El reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Na­cional dice claramente que se puede ejercer la fuer­za letal (aquella que puede causar una lesión corporal o la muerte, como el uso de las armas de fuego) cuando las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas.

Muerte deliberada

Pese a que en un principio lo negó, al acceder a las gra­baciones de radio de la Po­licía Nacional y el video de seguridad de un hotel, los fiscales descubrieron que Maríñez participó del cri­men perpetrado por los agentes.

Además, fue a través de ese canal de comunicación que el coronel a cargo informó desde el retén improvisado en el kilómetro 45 de la Au­topista Duarte que ya tenía el vehículo que estaban es­perando y “que se le están acercando con cautela por­que están armados”.

Según Maríñez, quienes conducían ese vehículo, en el que además iban Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez, quien mi­lagrosamente resultó ileso de los 33 impactos que re­cibió el carro, iban fuerte­mente armados.

“Inmediatamente los agen­tes policiales bajo su man­do sorprendieron a las vícti­mas con ráfagas de disparos de varios calibres, desde di­ferentes direcciones, sin identificar si se trataba de los supuestos sospechosos”, destaca el expediente acu­satorio.

Pero eso no es todo, sino que el uso de las armas fue “extremadamente excesi­vo y desproporcional”, in­cluyendo el uso de pistolas de alto calibre como un fusil M-16 y una pistola tipo me­tralleta (mini Uzi), ante la indefensión de los cuatros jóvenes que iban en el vehí­culo.

Un informe pericial indica que en las manos de las víc­timas mortales no se detec­tó presencia de pólvora.

 

Colaboraciones

Las investigaciones de los fiscales establecen que el coronel destruyó parte de la escena del crimen para de­cir que el asesinato había si­do el resultado de un inter­cambio de disparos y de una confusión de los agentes ac­tuantes.

El documento explica que el mayor Heriberto Santos Muñoz, subcomandante po­licial de Villa Altagracia, re­cibió la orden de dispararle a la camioneta de la Poli­cía Nacional para justificar el intercambio de disparos que alegaban.

Asimismo, el texto señala más adelante que la cabo Paula Evangelista Reynoso recibió de manos de varios acusados 4 armas de fuego, el 31 de marzo. Como ex­perta en investigación, re­comendó al cabo Norquis Rodríguez retirar las armas que habían sido colocadas en la escena del crimen y to­do lo relacionado a la inves­tigación.

Ninguno de los menciona­dos aparecen entre los seña­lados, a excepción de Nor­quis Rodríguez, quien sí está incluido entre los acu­sados por su supuesta parti­cipación activa como facili­tador de los medios para la ocurrencia de los hechos y para dañar la escena y ocul­tar evidencias.

SEPA MÁS

Armamento usado en crimen

Emil Alexander Rin­cón Marte entregó dos fusiles de forma volun­taria a la cabo Evange­lista Reynoso, ninguno de ellos asignado para sus labores, pero utili­zados ambos por perso­nas diferentes en el tiro­teo.

Mientras que un fu­sil Taurus fue usado por Anthony Castro Pérez, un M-16 fue utilizado por Domingo Perdomo Reyes, según la acusa­ción del Ministerio Pú­blico. Este último estaba asignado al coronel Ma­ríñez, pero fue utilizado por Perdomo Reyes pa­ra disparar 9 veces a las víctimas.

Maríñez Lora está acusado de entor­pecer la investigación.