Las ARS se suman al reclamo de humanizar el trato a pacientes
La Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud (ADARS) expresó su respaldo a las inquietudes expresadas por Listín Diario en torno al trato humanizado que deben recibir los pacientes en los centros de salud y la necesidad de poner fin a acciones inhumanas que pueden cometerse en perjuicio de la población.
En una correspondencia remitida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, el presidente ejecutivo de ADARS, José Manuel Vargas, recuerda que en términos reales la motivación básica para crear el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) es garantizar como un derecho la protección de la salud contra los riesgos inherentes de su conducta humana.
“Prohibido enfermarse” La directiva de ADARS, que agrupa a seis de las principales ARS del país, dio así respuesta al editorial de fecha 10 de febrero de Listín Diario titulado “Prohibido enfermarse”, el cual recoge una serie de quejas y reclamos expuestos por pacientes y familiares en torno a tratos poco adecuados que han recibido en la atención de salud cuando acuden a emergencias o requieren ingreso.
El gremio dice que aunque coincide con muchos de los planteamientos del periódico, reconoce que las autoridades responsables del sistema dan muestras de preocupación y están tratando de implementar los correctivos correspondientes.
En torno al señalamiento del editorial que refiere a que una de las decepciones de los pacientes es “saber que su aseguradora, si la tiene, no le cubre un buen porcentaje” de los gastos, ADARS recordó que no son las ARS las que deciden el monto de cobertura para los afiliados.
Explica que corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobar el catálogo de prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS), que incluye: consulta ambulatoria, estudios de laboratorios, estudios diagnósticos, intervenciones quirúrgicas, emergencias, internamiento, medicamentos y otros servicios de salud.
FISCALIZACIÓN Agrega en su misiva que las ARS están reguladas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y son fiscalizadas férreamente para garantizar el cumplimiento de todas las normativas legales vigentes.