Jorge Blanco buscó un asilo político que nunca consiguió por acusaciones de corrupción
El País otra vez expresa que tras no recibir ninguno de los asilos, Jorge Blanco “adujo una enfermedad” para evitar entrar a los tribunales
Fotos archivos LD
A pocos meses de su salida del poder en 1986, Salvador Jorge Blanco observaría como el presidente de turno, Joaquín Balaguer, lo acusaría de desfalco al Estado durante su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo en el período 1982-1986.
La denuncia formal contra el expresidente Jorge Blanco fue depositada ante la Procuraduría General de la República por el abogado y dirigente balaguerista Marino Vinicio Castillo (Vincho), la cual también contenía acusaciones contra exfuncionarios de su Gobierno de haber realizado ventas sobrevaloradas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en beneficio propio.
Según los registros de los diarios locales e internacionales de la fecha, la acusación consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco por valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a los cuerpos militares.
Dicha denuncia-querella afectó también a varios civiles y militares, entre ellos el general Manuel Antonio Cuervo Gómez, exministro de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Jorge Blanco, que a ese momento ya llevaba varios meses detenido.
Los diarios nacionales resaltan que una citación fue emitida por las autoridades, a la cual Jorge Blanco nunca se presentó, lo que resultó en una posterior orden de arresto en su contra, por lo que se atrincheró en su hogar junto a sus guardaespaldas. Sin embargo, el periódico El País de España señala, en una nota del 30 de abril de 1987, que el exmandatario saldría desde la sede del entonces Ministerio Público hacia su residencia y allí se quedaría junto a los miembros de su seguridad personal.
Lo que sí fue establecido a ciencia cierta es que a diferencia del caso de Leonel Fernández en el 2000 y 2001, Jorge Blanco trató de hacerle caso omiso a su citación con la justicia y salió de su residencia durante el allanamiento realizado a finales del mes de abril del 87 hacía la embajada de Venezuela en búsqueda de obtener un asilo político.
El exmandatario llegó acompañado de sus escoltas a la sede de la embajada, pero su solicitud de asilo fue rechazada por el gobierno venezolano. Medios locales también indicaron que hicieron el mismo pedimento a la embajada guatemalteca, pero por igual no fue aceptada.
El País otra vez expresa que tras no recibir ninguno de los asilos, Jorge Blanco “adujo una enfermedad” para evitar entrar a los tribunales y luego de ser atendido en una clínica de la capital dominicana en donde los abogados “demostraron” la gravedad de su condición médica, Balaguer le permitió irse a atender a los Estados Unidos.
Jorge Blanco, exsenador y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pasaría los siguientes meses en Atlanta, Georgia, realizándose tratamientos médicos y consiguió dilatar el proceso judicial que existía en su contra en el país, que contenía unas 37 imputaciones legales, tales como estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otros.
A pesar de todo ello, tras un juicio que duró 10 días con la completa ausencia del principal acusado, Jorge Blanco sería condenado a 20 años de prisión, y al pago de una multa de 100 millones de pesos, el 16 de noviembre de 1988. El periódico El Siglo publicó que el padre del hoy ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, retornó al país el 30 de ese mes e inmediatamente apeló la sentencia. Ese juicio marcaba la primera vez, y hasta el momento la única, en la que un exjefe de Estado era sentado ante un estrado acusado de malversar los fondos públicos durante su gestión anterior.
El exjefe de Estado extendería la batalla legal hasta los meses finales de 1989, logrando la anulación “completa de la pena” tras someter varios recursos ante los tribunales; sin embargo, no menos de dos años después, seria declarado culpable de los actos que se le imputaban y fue condenado a 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Jorge Blanco solo duraría dos meses en la cárcel.
En mayo del 2001, 10 años después de la última sentencia del juez Juan María Severino, su condena fue anulada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. Jorge Blanco fue favorecido con esa decisión poco después de que el entonces presidente Hipólito Mejía asumiera el poder y dispusiera que el gobierno retirara su demanda en contra; las impresiones que se notaban en los medios locales de la fecha daban a entender que la población acogió la disolución como si de un indulto se tratase.
La administración de Mejía sería la primera y la última a cargo del PRD, desde la de Jorge Blanco, quien falleció el 26 de diciembre del 2010 de un paro cardiaco tras 37 días en coma tras una caída de su cama.
