Wilson Camacho: “Hay una razón, hay una cuestión que no va a cambiar, los corruptos seguirán cayendo”
El titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que ese órgano ha podido comprobar en los procesos de investigación, que las personas que se beneficiaban de impunidad, responden a las acusaciones judiciales desacreditando al Ministerio Público, los jueces, la Cámara de Cuentas y a cualquiera que pretenda actuar en contra de sus intereses.
Esto a propósito de las supuesta campaña de descredito, que de acuerdo al Ministerio Público ha iniciado la defensa de los implicados en los diversos casos de corrupción en contra de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Hay una razón, hay una cuestión que no va a cambiar, los corruptos seguirán cayendo”, dijo Camacho a la salida del conocimiento de medida de Coerción contra 12 implicados en el caso Coral 5G.
La medida fue aplazada para este jueves a las 2:00 de la tarde.
El grupo, conformado por 13 implicados fue separado por la jueza Kenya Romero debido a las dos recusaciones que ha interpuesto la defensa del general Juan Camilo de Los Santos Viola en su contra para que se inhiba de conocer la solicitud.
De los Santos Viola fue separado del grupo para poder continuar con el proceso.
Además del general Juan Camilo de Los Santos Viola, en este grupo se encuentran los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista.
Otros imputados son el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego
El Ministerio Público pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo.