Denuncian maltratos y expulsiones

Bien-Aimé St. Clair frunció el ceño mientras el flujo de migrantes haitianos pasó frente a él. Acusados de vivir en la República Dominicana ilegalmente, sabían que no tenían opción sino cruzar la frontera de regreso a Haití.

Pero St. Clair, de 18 años, dudaba. Le gritó a un agente de migración. “¡Patrón! ¡Wey! Yo no conozco a nadie ahí”, gritó en español, señalando hacia Haití mientras permanecía en la frontera entre los dos países que comparten en la isla La Española.

St. Clair era un niño cuando su madre lo llevó a la República Dominicana, y aunque su vida ha sido difícil —su mamá murió cuando era chico, su padre desapareció y él quedó solo al cuidado de su hermano discapacitado— es la única vida que ha conocido.

Y ahora, lo forzaban a irse, como a más de 31.000 personas deportadas por la República Dominicana a Haití este año, más de 12.000 de ellos en tan sólo los últimos tres meses -un incremento enorme, según observadores.

Mientras el resto del mundo cierra sus puertas a los migrantes haitianos, el país que comparte una isla con Haití también toma medidas severas de una manera que activistas por los derechos humanos dicen que no ha sido vista en décadas.

Esta historia se realizó con el apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting.

El incremento en el maltrato a los haitianos del país, dicen, coincidió con la llegada de Luis Abinader, quien asumió la presidencia en agosto de 2020.

Acusan al gobierno de apuntar a poblaciones vulnerables, de separar a niños de sus padres y de realizar perfilamiento racial -Haití es abrumadoramente negro, mientras que la mayoría de los dominicanos se identifican como mestizos.