Miriam Germán busca restaurar la confianza en fiscales
“El Ministerio Público no puede tener amigos ni enemigos”
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, juzgo ayer “inaceptable” que la persecución penal sea instrumentalizada para neutralizar a los perdedores en una contienda política o garantizar la impunidad de los hechos delictivos cometidos por funcionarios en ejercicio.
Indicó que la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria en la persecución penal de la corrupción, para derribar las inmunidades del poder y orientar el poder de acusar conforme a Derecho, sin distinciones políticas, sociales o económicas.
Germán habló durante su ponencia “Transformación del Ministerio Público a la luz de la nueva visión institucional”, presentada ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
Destacó que desde la Procuraduría ha procurado que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios.
“El Ministerio Público es una institución expuesta a la crítica social por la propia naturaleza de sus funciones y, en nuestro país, carga el estigma de errores pasados. Así que, el primer reto que hemos debido afrontar es la restauración de la confianza pública sin dejarnos arrastrar por el populismo penal”, enfatizó. Sostuvo que el Ministerio Público debe ser un celoso guardián de la “cosa pública” y no puede tener amigos ni enemigos, para traducir a la acción de la justicia penal a quienes traicionen la confianza depositada para ejercer una función pública.
“Sin paños tibios ni maltratos” Manifestó que no puede haber paños tibios ni maltratos, ni encono ni indulgencia, sino la firme determinación de procurar en el marco del debido proceso que jueces independientes e imparciales determinen la responsabilidad penal de quienes se apropien ilícitamente de los recursos públicos.
Expresó que su mayor aspiración es velar porque el Ministerio Público actué conforme a los principios constitucionales y legales que le rigen, implementando una política de persecución penal planificada, para que cada uno de sus miembros ejerza la acción penal a través de criterios coherentes y objetivos, con un eficiente uso de los recursos, tanto legales, como materiales y humanos. La procuradora dijo esperar que sean capaces de impactar positivamente en el sistema de justicia y reclamar justicia para todos, desde los casos que afectan a los ciudadanos de a pie, hasta los grandes casos de corrupción y crimen organizado.
La persecución penal Germán Brito sostuvo que uno de los principales retos del Ministerio Público es racionalizar la persecución penal y dar relevancia a soluciones no punitivas, en los casos que lo ameriten, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido, y, al mismo tiempo, fortalecer la persecución estratégica de los delitos más gravosos, como la corrupción administrativa, el lavado de activos y el crimen organizado. “De lo que se trata es de no ser negligentes con la persecución penal, sino de aplicar mecanismos inteligentes de gestión del conflicto, como plantea Alberto Binder, que demuestren ser más eficaces que el tratamiento carcelario, ya que la finalidad del proceso penal no es más que la solución del conflicto, reconociéndosele a este el carácter de medida extrema de la política criminal”, agregó.
Independiente. Miriam Germán dijo que la participación del Poder Ejecutivo a lo interno del Ministerio Público se limita jurídicamente a la escogencia del procurador general y la mitad de sus adjuntos, ya que no interviene en la escogencia de quienes dirigen a ese ente en las regiones, fiscalías y ámbitos especializados, sino que éstos han de ser seleccionados de entre miembros de la carrera conforme al escalafón, y en base a los criterios de méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo de servicio.
Aclaro que la independencia del MP no le exime del deber de cooperación institucional para el logro de objetivos comunes en beneficio de la sociedad.