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Cámara de Cuentas halló irregularidades en el equipamiento de hospitales por la OISOE con la empresa Domedical Supply

Se evidenció una sobrevaloración en pagos de equipos ascendente a RD$512,174,781

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Ashley Ann PresinalSanto Domingo, RD.

Contrataciones irregulares por miles de millones de pesos y procesos de “urgencia” sin evidencia de tal cosa, fueron algunos hallazgos arrojados por la Cámara de Cuentas de la República tras una investigación a los procesos de equipamiento de hospitales realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con la empresa Domedical Supply, S.R.L

El informe concluye que entre el 16 de agosto de 2010 y el 16 de agosto de 2020 hubo múltiples “inobservancias” e “ irregularidades” en la adjudicación y adquisición de estos equipos médicos por parte de la institución pública.

En el centro de las anomalías señaladas por el órgano fiscalizador está Domedical Supply, S.R.L, una compañía que según el Ministerio Público está liderada por Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso Antipulpo.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción, esta empresa recibió sumas millonarias de al menos seis instituciones estatales bajo contratos “sospechosos”.

En efecto, la investigación de la Cámara de Cuentas arrojó que hubo cesiones que exceden el porcentaje permitido por la ley por un monto de RDS2,676,719,329, así como contrataciones que no cumplen con las “características de excepción” por RDS1,271,607,547.

De igual forma, hubo procesos de excepción “sin evidencia de la inmediatez y facultad para su aplicación” por un monto RD$1,330,312,117 y contrataciones de urgencias “sin evidencia previa de informe pericial” por RDS1,330,312,117.

También se encontraron contrataciones sin una evidencia de certificación de fondos por más de cinco mil millones de pesos, RD$5,287,241,696 para ser exactos y contrataciones son evidencia de que se cumplieron los tiempos de ejecución por una suma de RDS3,740,775,852.

Asimismo, se evidenciaron contratos sin previa de certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Tesorería de la Seguridad Social (TSS) por una suma que asciende los RDS4,628,842,962.

De igual forma, la Cámara de Cuentas señala que hubo un incumplimiento de los principios que rigen las compras y contrataciones públicas por un monto de RDS3,740,775,852.

La Oisoe también realizó contrataciones sin evidencia alguna de que la empresa se encontraba registrada en el Registro de Proveedores del Estado, por un monto de RDS1,162,876,446.

En la investigación también se hallaron contratos que no se encuentran registrados en la Contraloría General de la República por una suma de RDS1,127,871,453.

Asimismo, para realizar la compra de los equipos se emitió una declaratoria de urgencia, pero nunca se le remitió un informe a la Contraloría General ni a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

También hubo órdenes de cambio que modificaron el objeto contractual por un monto de RDS2,600,836,097.

El documento además señala que no se entregaron las garantías de fiel cumplimiento en “tiempo oportuno” por un monto de RDS4,337,834,570.

Análisis técnico: irregularidades en los equipos

De acuerdo con la investigación, hubo equipos reportados en las cubicaciones sin verificarse en el levantamiento de los mismos por monto ascendente a RDS257,831,312.

También existen partidas que no se visualizan en las cubicaciones por casi dos millones de pesos, RDS1,934,227.

Se evidenció una sobrevaloración en pagos de equipos ascendente a RD$512,174,781, y se comprobó la existencia de equipos con descripciones y precios diversos en las cubicaciones y órdenes de cambio por un monto de RDS15,793,889.

Asimismo, las indagaciones arrojaron que existe una ausencia de “condiciones y complementos” que impiden la utilización de los equipos médicos entregados, así como deterioro y mal funcionamiento de estos.

Continuando con las cubicaciones, hubo equipos cubicados sin sus especificaciones técnicas por un monto de RDS55,968,137, y algunos con cambio de precio entre una cubicación y otra sin justificación y aprobación por RDS13,818,665.

También hay pagos de equipos pendientes de recibir por un monto de RDS28,179,667.

Análisis Financiero

El órgano fiscalizador concluyó que se emitieron pagos carentes de documentación soporte por un monto de RDS2,132,667,001 y que existe una inconsistencia entre fechas de registro de contrato y pago; conduces y órdenes de cambio.

Tampoco se transparentó el ITBIS, monto que asciende a RDS675,452,350.

Según el informe, el impuesto sobre la renta fue retenido de modo incorrecto, ascendente a RDS82,699,013.

Los impuestos aduanales dejados de percibir por la adquisición de los equipos asciende a RDS2,978,360,070.

También se evidencias múltiples desembolsos realizados “sin justificación” a través del Ministerio de Hacienda por un monto RDS1,016,513,521, y una cesión de de crédito de Constructora Interamerica SRL pagada a Domedical Supply SRL, por un monto de RDS6,665,898.

Las recomendaciones finales

Tras haber detallado una por una las irregularidades en el proceso de compra y contratación de los equipos, la Cámara de Cuentas recomendó a la máxima autoridad “gestionar la recuperación de los montos pagados en excesos y sin documentación justificativa”.

También recomendó la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo de estos procesos.

Apresamiento de “Freddy” Hidalgo Núñez

El 29 de noviembre del año pasado como parte de la Operación Antipulpo, la Procuraduría General de la República (PGR) apresó al exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, por “llevar a cabo actos ilegales durante su gestión”.

Todos ellos vinculados con Alexis Medina Sánchez, cabecilla de la presunta red criminal que desfalcó al Estado por miles de millones de pesos.

En la orden de allanamiento, la Procuraduría estableció que el exfuncionario “benefició con pagos de miles de millones de pesos del Estado” a un conglomerado encabezado por Alexis Medina.

También indica que el exfuncionario autorizó estas transacciones aún conociendo que no solo rompían con el reglamento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sino que tampoco cumplía con los servicios contratados.