Aplazan para el martes conocimiento de medida de coerción a involucrados en Coral 5G
Foto de archivo.
La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes 30 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados, junto otras 10 personas, en el caso Coral 5G.
La magistrada Kenya Romero tomó la decisión a fin de que el imputado Kelman Santana Martínez (ERD) esté representado por su abogado Valentín Medrano en la audiencia del martes a las 9:00 de la mañana.
Los imputados fueron retornados nuevamente a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva .
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La instancia de solicitud de medida de coerción, presentada el pasado 20 de noviembre por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) respectivamente, cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal.
Las evidencias depositadas incluyen documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
De acuerdo al ministerio público la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G que movía al menos 4,500 millones de pesos, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
Defensores de Torres Robiou, Viola y Rodríguez Jiménez con opiniones equivalentes sobre el caso
Félix Portes, quien es abogado defensor de Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, dijo que lo importante ahora mismo es saber si su defendida se mantendrá apresada o no durante la investigación.
Portes informó que Rodríguez Jiménez “no es un obstáculo para la investigación” ni “representa un peligro de fuga”, declarando que la misma asistió en agosto cuando fue citada cuatro veces por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entregó bienes de manera “voluntaria”, llaves y documentos solicitados por la misma institución “sin ningún tipo de problemas”.
Por otro lado, Cándido Simón Polanco, el representante de Juan Carlos Torres Robiou, declaró su descontento con el manejo de la Procuraduría en cuanto a la difusión de informaciones sobre el proceso del caso.
“La ley prohíbe que los fiscales difundan informaciones de un proceso en el cual no se ha dictado medidas de coerción”.
El jurista dijo que la procuraduría tiene la “mala costumbre” tanto de hacer los interrogatorios, firmarlos y no entregarles las copias a los imputados, como hacer los allanamientos y tampoco hacerles llegar copias a los allanados. Polanco indica que ambos actos están en contra de la ley.
El mismo dijo que estos temas serán debatidos “oportunamente”.
En tanto, el abogado del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, Julio Cury, manifestó este jueves que su defendido, quien es acusado de tener un patrimonio incongruente con sus ingresos, no tiene que justificar "absolutamente nada".
"En el caso del general Viola, él no tiene que justificar absolutamente nada porque él no era un funcionario que estaba obligado a presentar declaración patrimonial, y el ilícito que se configura cuando tú incrementas ese patrimonio durante el ejercicio de la función pública es el enriquecimiento ilícito", explicó Cury.
Agregó: "Yo no tengo, ni él tiene que justificar, ni tú, ni ninguno de los que están aquí absolutamente nada", sobre la acusación que hace el Ministerio Público de que muchos de los que están siendo acusados no pueden justificar sus bienes.