Un año de prisión preventiva a policías involucrados en “tumbe” de droga en Barahona
Después de dos aplazamientos y ocho horas conociendo la medida de coerción, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los 13 agentes de la Policía Nacional involucrados en un “tumbe” de drogas.
La jueza de Atención Permanente de Barahona, María Consuelo Valenzuela, inició el conocimiento a las 10:00 am y concluyó minutos después de las seis de la tarde.
La magistrada dictó coerción contra el cabo Esteban Armando Feliz Batista (Chatica), los sargentos Frainel Féliz (Bambí), Jorge Ramón Alcántara Urbáez (Sargento Alcántara), Jordany Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz (Argenis), Oscar Andrés Valentín Jiménez (Oscalito), los rasos Iván Féliz Vólquez y Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón), el capitán Rafael Amaurys Medina Pérez (Patú), el cabo Juan Carlos Medina Méndez (Pelo Fino) y el raso Junior Geraldo García.
Los miembros del orden, deberán cumplir la medida en las cárceles de Jimaní, Neyba, Baní y Najayo.
Al grupo se le acusa de formar parte de un “tumbe” de 400 kilos de cocaína a narcotraficantes cuando hacían una transacción en playa Las Salinas, Distrito Municipal Villa Central, el 28 de agosto pasado.
Además que los agentes se asociaron para secuestrar a Féliz Batista, el pasado 3 de noviembre, en la carretera Barahona - Pedernales,cuando se trasladaba en una motocicleta de su propiedad.
Mientras que el Ministerio Púbico, representado por el fiscal Wellington Melo, solicitó contra el grupo de uniformados, 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Inconformes
Los abogados de la defensa de los imputados mostraron su inconformidad con la sentencia dictada por la magistrada, tras señalar que la acatan, pero no la comparten.
Afirman que a sus defendidos les violaron todos sus derechos.
El exfiscal Yván Ariel Gómez Rubio, quien defiende a más de la mitad de los imputados, así como Ciro Moisés Corniell, expresaron que la decisión no está fundamentada en derecho ni en las pruebas, sino que es resultado del “populismo penal”.
Criticaron que se dictara la medida en la forma que se hizo, “ya que muchos de los policías no tienen orden de arresto y conducencia, por lo que su prisión es ilegal” y que, por lo tanto no procede la medida de coerción.