¿En qué están los recursos interpuestos contra licitaciones del Inabie?
Algunos están en fase de ejecución, mientras unas pocas solicitudes recibieron respuesta
Foto de archivo.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha recibido 41 recursos jerárquicos y 15 solicitudes de medida cautelar en contra de dos controversiales procesos de licitación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que llevaron a la destitución de su director.
El pasado 17 de noviembre, Cecilio Rodríguez fue retirado del puesto luego de que una investigación iniciada por el Ministerio de Educación evidenciara “fallas importantes” en esa institución a raíz de diversas denuncias de irregularidades en la adjudicación de procesos, realizadas por suplidores del almuerzo escolar.
Unos 7 recursos jerárquicos (reclamo "por irregularidades" que puede hacer quien participe en un concurso) que fueron sometidos contra el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2021-0007, el cual fue iniciado para la “adquisición de alimentos crudos y procesados y su distribución a los centros educativos públicos para ser utilizados en centros educativos públicos durante el año escolar 2021-2022”, se encuentran agotando la fase de ejecución.
Asimismo, en respuesta a una solicitud de información, la DGCP señaló que en contra del procedimiento mencionado también recibió una solicitud de investigación. Sin embargo, luego de analizarla, las autoridades determinaron que se trataba de una reclamación.
“Mediante comunicación se orientó al interesado el debido proceso para impugnar”, agregaron.
Igual que los anteriores se encuentran 34 recursos jerárquicos presentados contra otra licitación. Se trata del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2021-0009, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (con cocinas instaladas en el territorio nacional) solicitadas para brindar el “suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2021-2022”.
En cambio, la mayor parte de las medidas cautelares se encuentran en fase de instrucción y tan solo 6 de 15 han recibido respuesta hasta el pasado 16 de noviembre.
Proceso
Los recursos jerárquicos son el mecanismo utilizado para reclamar cualquier irregularidad en un procedimiento de contratación pública cuando, luego de participar en el concurso, la empresa no se siente conforme con la respuesta recibida por la institución contratante.
La DGCP explicó que durante la fase de instrucción, se solicitan a las partes involucradas la presentación de un escrito de defensa o réplica, según corresponda.
Mientras que acerca de las solicitudes de medida cautelar que se encuentran pendientes de decisión, una vez culminada la fase de instrucción en la que se encuentra, “el Órgano Rector examinará los alegatos de las partes, a los fines de emitir una decisión sobre el caso, la cual será notificada a las partes del proceso”.
Denuncias
A finales de septiembre pasado, varios suplidores denunciaron irregularidades en las licitaciones de proveedores por un costo de más de doce mil millones de pesos.
Pese a que las irregularidades fueron negadas en un principio por el ministro Roberto Fulcar, diez días después el director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, informó que había recibido 27 recursos jerárquicos y 12 solicitudes de medidas cautelares contra la licitación pública nacional número INABIE-CCC-LPN-2021-0009 y contra la licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0007.
El pasado 1 de noviembre fue entonces cuando el Ministerio de Educación inició la investigación del proceso de licitación donde participaron 2,565 oferentes de los cuales fueron adjudicados 1,821 para suplir almuerzo escolar de la tanda extendida.
Dos semanas bastaron para entonces descubrir “fallas importantes”, cambiar la administración de la institución e iniciar la “reorganización de procesos tanto internos como relacionados con los suplidores”.
Nueva administración
Mediante el decreto 733-21, el primer mandatario designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo como nuevo director ejecutivo del Inabie.
En consecuencia, se derogó el decreto 399-20, del 26 de agosto de 2020 y el artículo 2 del Decreto 45-21, del pasado 26 de enero.