Fundación impugna medida de aumento de la tarifa eléctrica
Plantea que medidas cautelares solicitadas no afectarían el interés público sino que garantizaría el fiel cumplimiento de las leyes.
Abogados aseguran solicitud implica un servicio público de suministro eléctrico más accesible y universal. ARCHIVO
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) impugnó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que disponen un incremento en la tarifa de la energía eléctrica.
La entidad interpuso una solicitud de medida cautelar, mediante la cual procura se ordene la suspensión inmediata de la ejecución de esas resoluciones hasta que sea conocido un recurso contencioso administrativo que también presentó, que persigue la nulidad de los actos y cualquier otro que tenga conexidad.
Fueron impugnadas la resolución SIE-087-2021-TF, dictada el 9 de septiembre, la resolución SIE-075-2021-TF, del 3 de septiembre y la resolución SIE-093-2021 -TF, del 27 de octubre, emitidas en base al Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
Solicita al TSA, en la medida cautelar, ordenar “el inmediato cese de cualquier incremento en la tarifa eléctrica a facturar por suministro eléctrico a los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad, así como también el inmediato cese de la exigibilidad o cobro de dicho incremento por parte de las empresas distribuidoras de electricidad del Sur, (EDESUR), del Este, S. A. (EDEESTE) y del Norte, (EDENORTE), realizados bajo el amparo de las Resoluciones SIE indicadas”.
Las instancias fueron depositadas ayer por la Fundación Justicia y Transparencia, a través de los abogados Trajano Vidal Potentini, Henry Misael Adames Batista, Cesar Noboa Valenzuela y Juan Tomás García Díaz, quienes piden condenar a la Superintendencia de Electricidad al pago de una astreinte de RD$10 millones por cada día de retraso en la suspensión de la ejecución que sea ordenada por el tribunal, en favor de los demandantes.
SEPA MÁS Consideran hay exceso de poder Resolución Aseguran que esa institución realiza actuaciones que violan de manera flagrante disposiciones constitucionales, y desplaza la legislación vigente, como la Ley General de Electricidad 125-01.