Fijan para el 11 de noviembre juicio de fondo para caso Super Tucano
ACUSAN DE VIOLAR ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DOMINICANO, LA LEY SOBRE SOBORNO EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN Y LA DE LAVADO DE ACTIVOS
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el 11 de noviembre el juicio de fondo seguido en contra del exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel Carlos Piccini Núñez, acusados de recibir sobornos de la empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
La presidenta del tribunal Aylin Ventura Jiménez, ordenó a la secretaria notificar el auto de fijación de audiencia al Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a los imputados.
El expediente, cuya investigación inició en el año 2016, fue apoderado al tribunal por el presidente de las Cámaras Penales del Distrito Nacional, Teófilo Andújar mediante sorteo aleatorio computarizado.
En el caso figuran además como imputados Daniel Aquino Hernández, de la empresa 4D Business Group, (hoy 4D Business Group, S.R.L.), que representa dicho imputado, así como de la compañía Magycorp, (hoy Magicorp, S.R.L.) representada por la imputada Ana María Capellán Ramírez. Piccini Núñez, se desempeñó como exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
Al grupo se le acusa de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, así como la de Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano.
El tribunal fue apoderado luego de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raquel Astacio, dictara auto de apertura a juicio en contra de los imputados para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
En la decisión el juzgado de instrucción además dictó auto de no ha lugar a favor del empresario Daniel Aquino Méndez, Félix del Orbe Berroa e Ysrael Abreu Rosario.
Por este caso la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.