Vigilaban miembros de red Falcón desde hace un año

La Procuraduría General de la República tiene bajo investigación a muchas personas como parte de la Operación Falcón, aunque solo procederá a judicializar a los imputados contra los que tengan pruebas irrefutables, aseguró ayer la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

“Ustedes saben que este Ministerio Público tiene por política que hasta que no hace una imputación, por lo menos preliminar, en una medida de coerción, no hace referencia a ninguna persona (investigada)”, dijo Reynoso, quien es la titular de la Dirección de Persecución.

“La garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad, y a toda aquella persona inclusive investigada, es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, añadió.

La magistrada recordó que en el proceso de investigación que llevó a la Operación Falcón, los fiscales llevan alrededor de un año trabajando. “Es una investigación, como hemos dicho, compleja, sobre hechos graves, de una estructura criminal que tenía una organización y un funcionamiento muy típico de las mafias, hemos dicho específicamente de la mafia italiana”, añadió.

Reynoso respondió preguntas de los periodistas tras salir de la audiencia en la que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar para el lunes el conocimiento de la medida de coerción contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico.

Ayer el tribunal dispuso, al igual que el fin de semana pasado, un nuevo aplazamiento para el próximo lunes a las 10:00 de la mañana, a pedido de varios de los abogados defensores de los al menos 25 arrestados por presuntamente formar parte de esta red de lavado asociada a una organización criminal, que según los fiscales introdujo miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Los arrestados Hasta el momento están arrestados por el caso Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el dominico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

También, contra José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite) y a sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo, así como a Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many).

Los diputados También el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil (de Santiago), Héctor Darío Féliz Féliz (de Pedernales) y Faustina Guerrero Cabrera (de El Seibo), implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la la Operación Falcón, la cual se deriva de una amplia investigación que contó con la colaboración de la DEA y otras autoridades internacionales que luchan contra el crimen organizado.

CLAVE La operación. Los allanamientos y arrestos contra la supuesta red de narcotráfico y lavado de dinero comenzaron el miércoles 8 de este mes. A la red se acusa de haber manejado más de RD$10 mil millones.

Juez especial. La Suprema Corte designó al juez Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, para conocer el caso de los tres diputados vinculados a la red, debido a que tienen jurisdicción privilegiada.

Extradición . Juan José de la Cruz Morales, jefe de operaciones de la red, aceptó su extradición hacia Estado Unidos .