Gobierno propone jueces altas cortes sean escogidos por periodos únicos de 9 años
El presidente Abinader en su participación esta mañana en el Diálogo Nacional para la reforma a la Constitución del país. JOSE ALBERTO MALDONADO/LD
El Poder Ejecutivo presentó esta mañana sus propuestas en el Consejo Económico y Social para una posible reforma a la Constitución de la República.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó las propuestas que realizan, donde destaca la elección de los jueces de altas cortes para periodos únicos de 9 años y su prohibición para ser miembros de partidos políticos en los 5 años previos a su designación.
Estas son las principales propuestas presentadas:
Sacar al Procurador de su membresía en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para reducir su nómina a 7 miembros.
Las reuniones del CNM serían de forma ordinaria cada 3 años y extraordinariamente cuantas veces sea convocado por el presidente o el conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. "Así se quitaría el monopolio de convocatoria que tiene el presidente", dijo Antoliano Peralta esta mañana.
Jueces designados en altas cortes escogidos por periodos únicos de 9 años y los plenos renovados gradualmente cada 3 años. La presidencia sería alternada cada 3 años a partir de los jueces designados.
Cinco años previos a su designación no pueden haber estado inscritos en partidos, ni haber realizado actividades de proselitismo político de manera constante.
Sobre el Tribunal Constitucional se mantendría mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para adopción de decisiones a acciones de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflictos de competencias "pero se remitiría a la Ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia.
Sobre el Ministerio Público
"Para garantizar independencia política no basta con excluir al Procurador General de la República del CNM", leyó el consultor. Dijo que era necesaria una transformación institucional. Establecer un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización. Invitación a cámaras legislativas e interpelaciones.
Se propone transferir funciones de la PGR como formulación de políticas del Estado contra criminalidad y administración del sistema penitenciario a un ente del Poder Ejecutivo para que la institución concentre sus tareas en persecución del delito.
El Procurador General de la República pasaría a llamarse Fiscal General de la República. El Procurador adjunto sería fiscal general adjunto. Procurador general de corte pasaría a fiscal regional.