Sin cascos ni chalecos antibalas trasladaron a los 21 implicados

La humedad de la ma­ñana, provocada por una vaguada que inci­de sobre el país, no fue impedimento para que desde antes de las 8:00 de la maña­na de ayer, familiares y abogados se reunieran a las afueras del Palacio de Justicia de Santiago, a espera de la audiencia de conocimiento de medi­da de coerción a los implicados en la Operación Falcón.

En los alrededores había miem­bros de la dirección de videos del De­partamento de Investigación de Crí­menes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y agen­tes del equipo Swat vigilaban la ex­planada desde el lobby del Palacio de Justicia.

Y no era para menos. Se trata de acusaciones de narcotráfico y lavado de activos contra 21 personas.

Varios de sus parientes se dirigían a una cárcel de la institución con ju­gos, bolsas de comida y botellas de agua, aunque otros preferían esperar observando el ambiente desde den­tro de sus vehículos en el parqueo. En ambos casos, se alejaban u ocul­taban al ver la cercanía de los medios de comunicación.

En tanto que algunos abogados aprovecharon la oportunidad y espe­raron afuera para ponerse a las órde­nes de los presuntos criminales.

Una vez dentro, por una puerta trasera y privada que dirige directa­mente a la “carcelita” del Palacio de Justicia subieron, uno por uno, los imputados: 6 mujeres y 15 hombres.

Pese a que pueden ser personas “altamente peligrosas”, de ser cierto los postulados del Ministerio Público (MP) sobre las vinculaciones de los acusados al crimen organizado, a las 9:00 de la mañana fueron ingresados, sin otro equipo de seguridad más que el acompañamiento de las Unidades de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).

En el pasillo se acumulaban los abo­gados, de dos a tres por implicado, y conversaban entre ellos o con la prensa.

Uno de los primeros que accedió a dar declaraciones fue Elvin Acosta, quien aseguró representar a cinco de los acusados.

“Nosotros recibimos la solicitud de medida de coerción ayer (sábado); co­mo ustedes pueden notar es bien volu­minosa, la estamos analizando y des­pejando prueba por prueba, para ver a quien ligan con cada persona… es decir, si tienen o no responsabilidad penal, pe­ro nosotros todavía no hemos estudia­do a fondo (la solicitud)”, dijo auguran­do el aplazamiento de la medida.

Acosta fue seguido por el abogado Santiago Peralta, quien manifestó que se ha vendido un “show mediático” y cuestionó la forma de operar de la pro­curadora adjunta Yeni Berenice Reyno­so, quien lleva alrededor de cinco días en su ciudad natal como parte del pro­ceso. Berenice Reynoso estaba en esos momentos reunida con varios fiscales, entre ellos Osvaldo Bonilla Hiraldo, de Santiago. En lo que finalizaba el en­cuentro, dos miembros de seguridad llevaron galletas de soda y fardos de bo­tellas de agua exclusivamente para los miembros del MP para la que prometía ser una larga jornada.

Según la ex fiscal del Distrito Nacio­nal, tienen miles de páginas con la que armaron el expediente y, cuando a las 10:05 de la mañana el Ministerio Públi­co hizo su aparición, los primeros en en­trar fueron esos documentos, archiva­dos en un contenedor plástico.

Con los implicados rodeados de al menos dos docenas de oficiales altos y fornidos, así como también con la pre­sencia de los fiscales, solo faltaban los abogados más la jueza en la calurosa sa­la de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El aire acondicionado y comodidad del Juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago fue sustituido por una sala cuya única ven­tilación eran varias persianas y un aba­nico ubicado en el área del Ministerio Público, por la necesidad de un espacio capaz de acoger a tantas personas.

La audiencia inició pasada media mañana, con una hora de retraso, luego de que los detenidos fueran cuestiona­dos por la secretaria del tribunal, quien tomó sus generales, así como las de los abogados que los representan.

A medida que subía el sol y avanza­ba la mañana el intenso calor era sofo­cante en los pasillos del amplio Palacio de Justicia, aún más lo era en la sala de audiencias donde las ventanas fueron cerradas por precaución, quizás previ­niendo algún atentado. Aprovechan­do que un agente de la Policía entraba a la sala de audiencias con un abanico, el fotógrafo de Listín Diario, Raúl Asen­cio capturó con su lente al suspendido director de Comunidad Digna recosta­do cómodamente en su asiento, como si posara para la instantánea.

Luego de dos horas de debates y con­versaciones, la jueza dio un receso de al­gunos 35 minutos antes de ofrecer su decisión. En el pasillo, los periodistas intentaban tomar fotografías del inte­rior de la sala de audiencias, mientras la UTAR evitaba a toda costa que se acer­caran a algún tramo de las persianas.

Aproximadamente tres horas de in­certidumbre vivió la prensa, animada de vez en cuando por las ocurrencias de un conocido personaje cómico de la ciudad, hasta escuchar como susurros el fallo de la jueza. “El 17” fue la expresión que aseguró a todos que la audiencia había sido aplazada hasta el próximo viernes, a fin de dar tiempo a los aboga­dos a preparar sus defensas.

Culminada la audiencia, la primera en pasar por la puerta fue la jueza Iris Borges. Contrario a como sucede en Santo Domingo, la magistrada tuvo que salir directamente al pasillo y evadió ,co­mo pudo, a los reporteros, quienes la atosigaban deseosos por saber del pro­ceso que fueron excluidos.

Lo que se le escuchó decir entre el pe­queño cerco de policías y agentes del Nuevo Modelo Penitenciario fue: “Pue­den acceder al fallo y conocer la deci­sión”.

A sus espaldas quedaban aboga­dos ofreciendo sus expresiones, que posteriormente fueron marginadas para escuchar entonces a Berenice Reynoso.

En los últimos escalones de las largas y elegantes escaleras que se alzan a cada lado del lugar se posicionó el Ministerio Público y la directora de Persecución in­formó que este lunes solicitarán a la Su­prema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra varios legisladores que están involucrados en la Operación Falcón. En el caso se acusa de narcotráfi­co y lavado de activos a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Pauli­no Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales.

También a Raúl Antonio Castro Mo­ta, Yana Iris Maldonado Castro, Angé­lica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Mi­guel Castillo Taveras, Elva Teresa Polan­co, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Es­pino Germán.