Texto íntegro de Jean Alain en apelación de caso Medusa

Muy buenos días, Honorables Magistradas,

Al igual que posiblemente ustedes, soy hijo, hermano, esposo y padre de dos niños de 11 y 12 años.

Hoy me encuentro privado de libertad sin nunca haber sido citado, llamado o escuchado, ni por el Ministerio Público, ni por un tribunal.

Mis derechos fundamentales han sido violados en numerosas ocasiones por el Ministerio Público y hoy les demostraré al menos 5 de esas violaciones.

Nuestra Constitución establece de forma clara que nadie puede ser privado de su libertad de tránsito sin una orden judicial, pero el pasado 24 de junio, como si viviéramos en una dictadura, fui impedido de abordar un avión para un viaje de4 días con mi esposa y mis hijos. Así lo hice en el mes de octubre de 2020 y regresé a mi país. Sin embargo, en esta ocasión un individuo, por orden del PEPCA, sin orden del juez, sin un papel, sin nada, decidió privarme de mi libertad de tránsito. Un acto arbitrario, ilegal y hasta un delito que la superior de ellos, doña Miriam German, reconoció como ilegal, sin que fuese respetada, lo cual lleva sanción disciplinaria según la carta de ella misma que todos conocemos y que sirve como prueba ante este tribunal.

Imaginen por un segundo que cualquiera de ustedes quiera viajar junto a su familia y que por cualquier motivo o por una diferencia con un fiscal, o con un funcionario, este decida, sin tener la autoridad, que usted no puede salir del país. Piénsenlo, porque eso me sucedió a mí y mañana puede sucederle a cualquiera que se encuentre en este salón.

Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas y de esa presunción es que nace la frase “eres inocente hasta prueba en contrario”. Nuestra Constitución dice que las investigaciones deben hacerse en libertad y que soy inocente mientras investigan. Sin embargo, aún inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy privado de libertad, separado y lejos de mi familia y mis hijos.

De igual forma, la Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas establece en su artículo 45 otra presunción de inocencia y legalidad, esta para los servidores públicos, estableciendo de forma clara que todas las operaciones y actividades que realicen los funcionarios son legales, a menos que, una auditoría de la Cámara de Cuentas diga lo contrario. A la fecha, ninguna auditoría ha establecido que he cometido alguna irregularidad o delito, sin embargo, estoy privado de libertad por una resolución inconsistente y al margen de la ley.

Honorables magistradas, miren mi caso, observen como la fuerza destructiva de la mentira y de la persecución penal pueden calumniarles, violarles la presunción de inocencia y sin el documento obligatorio que manda la ley, una auditoría, enviarles a una prisión “mientras ellos investigan”.

El día 12 de julio fui presentado ante la jueza Kenya Romero para ejercer mi derecho a declarar, a ser oído, de poder defenderme, de hacer uso del legítimo derecho de defensa, pero hasta eso se me prohibió. Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me aplicara porque así lo decidió una trama de venganza.

Honorables magistradas, para ese día había preparado y organizado mis notas, sentado en el piso caliente de la azotea del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a oscuras y con olor a orina, y cuando intenté ejercer mi defensa material me lo impidieron. Estas son las notas que no me dejaron explicar.

El día 13 de julio, la misma jueza, explicaba en su sentencia, sin escucharme, sin leer la documentación que depositamos en nuestra defensa: “que por mi pasada alta posición pública y al tener buenos arraigos sociales, patrimoniales y familiares, mientras investigan, debía enviarme a prisión”.

Piénselo por favor un momento: por haber sido un funcionario o servidor público de alto nivel, por tener una familia y oficina, sin pruebas y mientras se investiga, debo ir a prisión. Así como lo escucharon, así de absurda es esa sentencia que hoy pedimos sea anulada.

Magistradas, esas cinco arbitrariedades me sucedieron a mí, y mañana Dios no quiera podría sucederle a cualquiera. La suerte es que nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir esos errores y esta corte tiene las facultades para anular la citada sentencia tan solo por una de esas cinco arbitrariedades que la hacen inconstitucional, inconsistente y contraria a la ley y con eso podíamos concluir, pero no puedo dejar pasar el momento para defenderme, y hablarles brevemente de la fábula por la cual ya llevo más de dos meses privado de mi libertad.

En síntesis, voy a referirme en lo adelante a los principales hechos que se me atribuyen en la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Lo primero es que siempre he sido fiel creyente de la obligación que tiene un funcionario o ex funcionario de rendir cuentas y explicar cuantas veces sea necesario cualquier aspecto de su gestión y aquí estoy, aquí siempre he estado y aquí siempre estaré para dar la cara y explicar todo cuestionamiento de las autoridades competentes.

Honorables Magistradas, como demostraré en la etapa del proceso penal correspondiente, estoy privado de libertad sin haber cometido ningún delito, donde las mentiras y calumnias que se han repetido han terminado en la construcción de una fábula. Y reitero, tal vez he cometido errores que humildemente he reconocido, pero no delitos. El órgano persecutor ha perdido toda objetividad, en violación de su propia ley, como expresé anteriormente.

Quiero referirme en primer lugar al Plan de Humanización, sobre el que el Ministerio Público en la pág. 15 de su solicitud de medida afirma que: “…crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción […] con el objetivo de tener actividades que le permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas para beneficio personal en detrimento de los fondos públicos”, y en su página 15 afirma también el Ministerio Público que: “como proyecto de infraestructuras entregado, sin concluir, con graves vicios de construcción, ha resultado ser un fraude al Sistema Penitenciario y un sangrado económico al erario público”.

Durante mi gestión como Procurador General, traté de hacer lo mejor posible mi trabajo, nunca me ausenté de mis labores, con un noble y amplio equipo de colaboradores iniciábamos la jornada a las 7 de la mañana y generalmente nos retirábamos pasadas las 9 de la noche. Les di todas las herramientas posibles a los fiscales para que hicieran su trabajo y como el país estaba y sigue estando ávido de transformaciones, enfoqué grandes esfuerzos para transformar nuestro sistema penitenciario y eliminar el inhumano hacinamiento que por más de 70 años permanecía como deuda moral y vergüenza nacional. Decía Nelson Mandela que “para conocer un país, basta solo conocer sus cárceles” y siendo así, me propuse cambiar esa nefasta realidad.

Para lograr esa humana e histórica meta debíamos construir 12,500 nuevos espacios en más de 100 edificios y así lo hicimos. Pero la inquina de algunos integrantes del órgano persecutor, para no reconocer esa transformación y logros, no ha querido dar uso a esas instalaciones manteniendo el hacinamiento y violación a los derechos humanos.

La Procuraduría General de la República había construido 40 de las 41 cárceles de nuestro país, y yo les pregunto, teniendo la mayoría de esas 41 cárceles construidas previamente numerosos vicios de construcción, que vemos que se inundan, que se caen sus muros, que no tienen agua, que muchas no sirven para nada, ¿por qué los pasados Procuradores de la República no están siendo sometidos a la Justicia? De igual forma, ¿por qué no hay un ministro o un director de todos lo que han construido infinitas obras que se han realizado en los más de 170 años de historia republicana, que incluyen viviendas, carreteras, acueductos, presas y hospitales, muchos de ellos con vicios de construcción? Porque no hay nada ilegal en ello y porque el motivo de perseguir a Jean Alain Rodríguez es otro, la venganza, todos lo sabemos.

Honorables Magistradas, para construir los nuevos recintos que acabarían con el inhumano hacinamiento, hicimos lo que manda la ley: convocar diversas licitaciones públicas, nacionales, abiertas y transparentes, en las cuales participaron cientos de empresas resultando ganadoras más de 40 empresas dominicanas, entre ellas PYMES para remodelaciones y construcciones pequeñas y empresas de amplia experiencia y trayectoria, para las obras más grandes.

En estas licitaciones ganaron de forma justa las de mejor calificación y mejor precio, como pueden ver en los informes de los respectivos comités, completándose estos procesos sin impugnación judicial, un hecho único y señal de transparencia y equidad en los procesos de licitaciones. Sin embargo, Honorables Magistradas, el Ministerio Público ha presentado una narrativa falsa y fabulosa en su entramado criminal, pero esa es su historia, su cuento, su mentira.

Para impresionar a la justicia, con su populismo penal y estrategia de marketing dicen que hay fraude por 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 millones de pesos, sin una auditoría, sin desglose alguno siquiera por respeto a la justicia, una cifra lanzada al aire para generar morbo y odio sin razón… ¿y saben por qué usan mucho esa cifra de más de 5,000 millones descrita en la página 13 de la solicitud de medidas? Porque esa es la cifra TOTAL aproximada de inversión de la Nueva Victoria, una obra que tan pronto tomaron la gestión, le cambiaron el nombre, le quitaron los letreros y trataron de borrar toda huella que vinculara el logro que representa esa obra en materia de Derechos Humanos. Llegan al punto de decir en la misma página 13 del expediente que es una obra insalvable y hablan hasta de demolerla como consecuencia del celo y envidia, para de este modo intentar borrar de la faz de la tierra nuestro aporte, lo que nunca ocurrirá. ¡Por Dios, demoler una obra de casi 6 mil millones de pesos del patrimonio público!

La Nueva Victoria fue construida por 5 prestigiosas empresas que ganaron su licitación y estaba lista en su primera fase para iniciar operaciones como lo vieron los cientos de personas y periodistas que la visitaron. Se me acusa y me tienen privado de libertad por supuestos vicios de construcción, pero les pregunto ¿y yo soy ingeniero? ¿Y yo he construido? O nosotros contratamos empresas para que esas empresas construyan. Como es posible que me priven de mi libertad por un impermeabilizado incorrecto, cisterna, por una tercera mano de pintura o porque los inodoros no tienen agua suficiente, como lo indica la página de 16 de la instancia presentada, sin yo ser ingeniero ni haber construido nada.

Si hay algún vicio de construcción ¿por qué no llaman a esas 40 o más empresas y les piden que los corrijan y reparen?, que para eso precisamente la institución les tiene retenido el 5% del valor del contrato, y los hicimos entregar además una fianza de fiel cumplimiento para vicios de construcción por 3 años. ¿Por qué no llaman también a las oficinas supervisoras para que verifiquen, y les exigen a los 40 o más contratistas las supuestas reparaciones? ¿Cómo puede estar privado de libertad un ex Procurador sin ser ingeniero por construcciones y a los más de 40 ingenieros supuestamente responsables ni los llaman ni los llamarán? porque no hay nada ilegal, salvo para mí.

Honorables Magistradas, en su expediente el Ministerio Público plantea que debo de ir y permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y pagar el trabajo realizado por los contratistas. Parecería que desconocen o quizás lo dicen con intención de eliminar competencia y crecer, que la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito firmó al igual que yo 11 nuevos contratos o adendas de forma correcta como manda la ley, con los mismos 11 principales contratistas de obras en mi gestión, confirmando los contratos que yo firmé en todas sus partes, extendiéndoles el plazo y pagándole a los mismos 5 contratistas de la Nueva Victoria que trabajaron en mi gestión, casi 250 millones adicionales a los acordados por concepto de equilibrio económico.

Si firmar un contrato y pagar trabajos realizados es un delito, que me acompañen aquí todos los Procuradores Generales y los miles de funcionarios que han contratado construcciones de obras que estén vivos o que me dejen regresar a mi hogar mientras nos investigan a todos.

Me acusan y me tienen privado de libertad por supuestamente haber recibido sobornos, eso dice ese expediente, en su página 10, punto 14 donde se afirma que recibimos soborno “en bultos que eran traídos a la propia sede de la Procuraduría General de la República”, pero al leer el expediente completo no encontrarán una descripción o mención del monto del soborno o identificación del sobornante. No hay monto ni un nombre y les pregunto, ¿cómo puede existir un supuesto sobornado (yo), sin soborno ni sobornante? No hay ni los habrá, porque a mí, Jean Alain Rodríguez Sánchez, nadie me ha dado un soborno. Quizás la imaginación de quien con vista de rayos X veía el interior de los supuestos bultos de su imaginación, no fue suficiente para también crear la identidad de quienes eran los supuestos sobornantes.

Piensen por favor un momento, en una persona que se presenta a una fiscalía sin haber sido llamado y lo arrestan por supuestamente haberse metido a robar en una casa, sin decirle qué se robó ni en cual casa se metió a robar y cuando pregunta cual casa robaron y que se robaron exactamente, le dicen que en realidad no saben, que están investigando, pero mientras tanto te envían a prisión.

No saben ni mentir, si van a mentir mientan con valentía y coraje, no mientan como cobardes, si quiera digan un nombre y monto falso y así la historia sería menos absurda, aunque igual falsa. No lo dicen ni lo dirán porque no hay sobornos, ni sobornantes, ni sobornado.

Hay otras graves falsedades y absurdos que de forma abigarrada se incluyen en la solicitud, de esas mentiras también debo ocuparme en esta oportunidad que ustedes magistradas me han dado de forma breve.

En la página 15 de la solicitud de medidas, afirma la PEPCA que conjuntamente con una compañía, TOR construcciones se realizaron una serie de maniobras en las partidas de un proyecto que tenía su contrato, sin adenda y por orden verbal, que transfería a otro proyecto, sin dejar documentación de sustento, ordenándoles construir la verja perimetral de Najayo Hombres 17, y que la empresa adjudicataria, a través de un ingeniero, ahora reclama dicho pago.

Sin embargo, magistradas, la falsedad nunca llega muy lejos. En la página 15 punto 6, el Ministerio Público dice que esa operación ilegal se hizo con la autorización de Jean Alain Rodríguez, y que yo habría ordenado transferir, además, 16 millones de pesos. Pero sorprendentemente, en la prueba núm. 40 del Ministerio Público ustedes podrán verificar y comprobar el contenido de la Carta que reposa allí, de fecha 20 de abril de 2021, dirigida a la Directora de Ingeniería de la PGR, en la cual la empresa TOR Construcciones expone que estos trabajos fueron solicitados a dicha constructora en noviembre del 2020, por el citado monto de 16 millones y que fueron ejecutados al 100%. A esa fecha honorables magistradas, ya yo tenía cerca de 4 meses que había abandonado la función pública.

De igual forma, si observan la página 34 de la solicitud de medidas verán que este Ministerio Público miente de forma burda, señalando que autoricé un pago para distraer 34 millones de pesos, cuando se trató de un acto lícito y además el cheque nunca se cambió, permaneciendo hasta la fecha esos valores en la cuenta de la Procuraduría General de la República, pero además, si ese monto por remodelación y conclusión de obra fuera falso, quién lo presentó fue una empresa y a esa empresa ni la han llamado, ni citado honorables magistradas. Ese es el mismo caso ya descrito por la defensa técnica, en el que para engañar a la justicia el Ministerio Público falseó y modificó mis palabras en una actitud propia de delincuentes comunes, lo que debería avergonzar a mis carcelarios.

Otro caso más, que parecería mentira si no lo ven con sus propios ojos, es el caso de los equipos de seguridad anti-drone, que como podrán ver en la página 5, línea 17 de la orden de allanamiento dictada en mi contra, el Ministerio Público le mintió a la jueza Kenya Romero, declarando que ese mismo equipo se encontraba aun desaparecido. Pero si observan la página 67 de la solicitud de medidas en su punto 98, verán la narrativa de que, en agosto de 2020, la Procuradora Miriam Germán ordenó hacer un inventario de activos y allí estaba ese equipo.

Es decir, en junio de este año estaba desaparecido, pero desde agosto del pasado año está en sus manos, y por eso me tienen privado de libertad. En este caso se engañó a una jueza burdamente para buscar en un allanamiento algo que estaba en sus propias manos y en su poder. Increíble pero cierto.

El artículo 227 del Código Procesal Penal es claro y concluyente: la imposición de cualquier medida de coerción – por demás la prisión que es la más gravosa – exige la existencia de elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. Y en todo este legajo no hay un solo señalamiento que cumpla con ese requisito.

De igual forma, el artículo 222 del Código Procesal Penal establece claramente que las personas tenemos derecho a la libertad y que las medidas de coerción son excepcionales y por el tiempo absolutamente indispensable.

Honorables magistradas, hace ya más de un año que salí de la Procuraduría General, también más de un año de las primeras investigaciones que figuran en ese expediente y no se ha visto ninguna destrucción de pruebas. Las documentaciones están todas en manos del propio órgano que investiga, no de un tercero. Incluso, hasta mis propios medios de defensa se encuentran en la Procuraduría General de la República. Por Dios, y como hablan de destrucción de pruebas si ya ha pasado más de un año y solo ellos mismos las pueden destruir. Protejan ellos lo que creen que tienen y no utilicen falsos e ilógicos argumentos.

Honorables magistradas, ustedes han sido testigos de cómo en numerosos casos incluso con serios indicios, pero conforme a la Constitución, nuestros jueces permiten correctamente la investigación y juicio a los imputados en libertad. De hecho y a modo de ejemplo, en el caso Odebrecht, el más grande de corrupción a la fecha, se mantiene en libertad a todos los imputados y esa libertad fue incluso ordenada por la actual Procuradora General, Miriam Germán, quien a través de su voto disidente pidió que todos los imputados fueran liberados, precisamente en apelación. Correcta posición que incluso no recurrimos, teniendo la posibilidad legal. Hoy, todos se encuentran en libertad, asisten a sus audiencias, ninguno ha destruido pruebas y ninguno se ha sustraído o escapado del proceso. Y así también sucede con otros casos de alta connotación pública, como los casos bancarios BANINTER y MERCANTIL, el caso “Tucanos” y el caso los 3 brazos, por solo mencionar algunos de los más sonoros.

Toda mi familia vive en el país, mi esposa trabaja en el país, mis hijos estudian en el país, no tengo ninguna propiedad fuera del país y el sustento económico mío y de mi familia es mi oficina de abogados que también está en el país.

En este proceso hay persecución, acoso, chantaje, terror, amenazas, manipulación, montajes, mentiras, extorsión, intimidación, calumnias y falsas acusaciones. Pero la realidad Magistradas es que ustedes tienen de frente a un hombre que no ha hecho más que hacer su trabajo con rigor, con pasión y con entusiasmo.

Magistradas, yo no soy hombre de huir de la justicia.

El Lic. Moisés Franco Llenas, ciudadano de conocida reputación se ha ofrecido como mi garante. Hoy también mis abogados, aquí presentes, se han ofrecido y se ponen a disposición de la justicia para darle seguridad a este tribunal de que defenderé mi dignidad, mi honra, mis derechos y mi inocencia en todas y cada una de las instancias que así lo requieran. También entrego formalmente mi pasaporte. Estoy dispuesto a presentarme y firmar ante las autoridades, como medida mientras dura la investigación.

Contrario a lo que promueve el populismo penal del Ministerio Público, nunca me sustraería del proceso, soy el primer interesado en que se realice una minuciosa y objetiva investigación.

Ustedes me verán ejerciendo mi derecho de defensa, y también ejerciendo mi profesión de abogado. Ustedes magistradas tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Ustedes magistradas tienen la oportunidad de hacer justicia, de que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho impere el derecho.

Muchas gracias.

Jean Alain Rodríguez