Comentarios al Sistema Dominicano de Seguridad Social

La búsqueda de protec­ción de los seres huma­nos contra las enfermedades, la vejez, la invalidez y los desafíos de la naturaleza ha sido una constante que se remonta a sus mismos orígenes; de tal manera que la historia de la humanidad es una continua sucesión de in­tentos por alcanzarla. Pe­ro la primera propuesta en firme para garantizar, des­de el Estado, un mínimo de seguridad social a los trabajadores fue el sistema propuesto en Alemania por el canciller Bismark a finales del siglo XIX, y aprobado por el Parlamen­to el 15 de julio de 1883.

Sin embargo, no es si­no a partir del famoso in­forme Social Insurance and Allied Services, diri­gido al parlamento inglés, del economista Sir Wi­lliam Beveridge, el 20 de noviembre de 1942, y la publicación en 1950 del ensayo Ciudadanía y Cla­se Socialde T. H. Marshall (producto de una serie de conferencias dictadas por el autor en Cambridge en el 1949), cuando se gene­raliza en el mundo occi­dental la inclusión dentro de los derechos de ciuda­danía, una segunda ge­neración de derechos, lla­mados Derechos Sociales, entre los cuales destaca, el derecho a la seguridad so­cial. Entre estos se inclu­yen, el derecho a la asis­tencia sanitaria universal, a la protección de la vejez y/o las discapacidades. Es­tos derechos se fueron in­corporando dentro de las políticas públicas de los Estados siendo, con algu­nas diferencias, inicial­mente establecidos en al­gunos países europeos, bajo el concepto de Estado del Bienestar.

En Latinoamérica y el Ca­ribe el proceso de introduc­ción de la protección social a los ciudadanos fue más lenta, marcado por el alto porcentaje de la población que vivía (y vive) en pobre­za extrema. De ahí que, si bien muchos de los países latinoamericanos, desde mediados del siglo pasado, ya habían creado normas dirigidas a la protección de las clases sociales menos fa­vorecidas, en gran parte es­taban concentrados en el sistema estatal de los segu­ros sociales, dirigido a un limitado mercado laboral. Ofreciendo una reducida atención en el área de la sa­lud y un sistema deficiente de pensiones.

El concepto de “seguri­dad social”, como el dere­cho que tienen todos los ciudadanos a una cobertura integral de todos los riesgos y contingencias producto del desempleo, la enferme­dad, la invalidez, la vejez y la viudez, entre otras con­tingencias, fue estableci­do como meta de todos los gobiernos latinoamerica­nos en el VI Congreso Ibe­roamericano de Seguridad Social que tuvo lugar en Panamá en el 1976. En di­cho congreso se estableció que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene dere­cho a la seguridad social en cumplimiento de los prin­cipios de universalidad, in­tegridad, suficiencia, so­lidaridad, participación, subsidiariedad del Estado y pluralismo institucional.

En República Dominica­na este concepto integral de seguridad social adquie­re carta de ciudadanía el 29 de mayo de 2001, con la promulgación de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En dicha ley se constituyen una serie de instituciones públicas, pri­vadas y mixtas que, bajo la dirección del Consejo Na­cional de Seguridad Social (CNSS) tienen como tarea su implementación en todo el territorio dominicano.

Ahora bien, al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) adoptar, con ligeras modificaciones, el modelo chileno de capita­lización individual, en el cual se hace más énfasis en la sostenibilidad económica del sistema que la calidad y extensión del servicio a to­dos los ciudadanos, generó desde los inicios de su ope­ración, una serie de posicio­nes encontradas dentro de los actores principales del sistema. El énfasis en la ren­tabilidad ha contribuido a deslegitimar y desmorali­zar todo el funcionamien­to del sistema, hasta tal punto en que se ha perdi­do gran parte de su esen­cia: el acceso universal de los ciudadanos a una asis­tencia médica integral y la garantía de un ingreso mí­nimo decente en el caso de invalidez, vejez y/o des­empleo.

Los conflictos de intere­ses entre los actores, presen­tes desde el inicio de la pro­mulgación de la ley, se han agudizado en la actualidad haciendo más difícil el fun­cionamiento del sistema. Frente a las propuestas de in­troducir modificaciones a la Ley 89-01 para mejorar su operatividad y direccionar­la en la consecución de sus originales objetivos, las con­tradicciones se agudizan y dificultan la posibilidad de al­canzar un consenso entre las partes. Por un lado, las Ad­ministradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Ad­ministradoras de Riesgos de Salud (ARS), domina­das por el sector financiero, se encuentran enfrentadas a otras organizaciones de la sociedad civil como la Aso­ciación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) y el Colegio Médico Dominica­no (CMD); cada una defen­diendo a toda costa sus pro­pios intereses. Por otro lado, las instituciones que repre­sentan al gobierno dentro del sistema, muchas veces viciadas en sus objetivos de controlar el sistema, bajo la influencia de los intereses privados, se muestran impo­tentes de asumir su responsa­bilidad como directores del proceso.

A todo esto, los diferen­tes actores, tanto públicos como privados, enzarza­dos en estériles disputas por tratar de maximizar sus propios beneficios, dejan de lado el objetivo principal del sistema: el ciudadano de a pie. Olvi­dando que, la finalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social es preci­samente regular y desarro­llar “los derechos y debe­res recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financia­miento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapa­cidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos labora­les” (art. 1 de la Ley 87-01). En este sentido, todas las instituciones del siste­ma solo lograrán alcan­zar su propia legitimidad, cuando enmarquen sus ac­tuaciones hacia el fin de alcanzar estos objetivos.

Para lograr superar la confusa situación en que se encuentra nuestro siste­ma de seguridad social, se hace necesario que todos los actores y afectados del sistema se sientan repre­sentados en torno a una mesa del diálogo a expo­ner, de manera abierta, honesta y sin artimañas, sus mejores argumentos a favor de sus puntos de vista. Teniendo presen­te, eso sí, que tienen la obligación de escuchar a los demás y no tratar de imponer su autoridad o poder económico. Pero, sobre todo, que lo más importante de este diá­logo sea reencausar las actividades de cada una de las instituciones para que se ajusten a los fines y objetivos originarios de nuestro Sistema de Segu­ridad Social.

Solo de esta manera se lo­grará un verdadero consen­so que salve nuestro sistema de seguridad social.

Obispo de la Diócesis de la Altagracia