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La República viernes, 20 de agosto de 2021

Análisis político

El segundo año ha sido de reveses para los gobiernos

  • El segundo año ha sido de reveses para los gobiernos

    El gobierno perredeísta de Salvador Jorge Blanco enfrentó una poblada en abril de 1984, tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que provocó alzas en artículos de primera necesidad. ARCHIVO/LD

Manuel Figueroa
manuel.figueroa@listindiario.com
Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader inició el segundo año de su mandato en una carrera contrarreloj, para materializar un ambicioso programa de cambios en medio de la crisis provocada por la pandemia. Una iniciativa que llama la atención, porque coincidirá con el lapso en que todos los mandatarios anteriores enfrentaron graves crisis sociales y políticas, en las últimas cuatro décadas de nuestra historia contemporánea.  

Abinader no solo tendrá que pisar el acelerador estatal en los 36 meses que restan a la presente administración, para aplicar las doce reformas planteadas y la terminación de 432 obras, incluyendo varios megaproyectos. También precisará romper el maleficio del segundo año, que azotó por igual a los expresidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. 

Otro obstáculo que encontrará por delante es la oposición política, que ya ha dado muestras de que no atenderá el llamado a un pacto de unidad para las transformaciones que demanda la República Dominicana. La aceptación de la propuesta del mandatario, en momentos que ese liderazgo comienza una embestida contra el gobierno, no tendría precedentes en las mesas de negociaciones recientes. 

Se advierte como una utopía que partidos como el de la Liberación Dominicana (PLD), del expresidente Danilo Medina; Fuerza del Pueblo (FP), del expresidente Leonel Fernández; Revolucionario Dominicano (PRD), del excanciller Miguel Vargas, y Alianza País, de Guillermo Moreno, desactiven sus planteamientos críticos cuando además advierten que el presidente Abinader se proyecta como su principal adversario para las elecciones de 2024.  

El mandatario tendrá que prepararse también para lidiar en el Congreso con las diferentes bancadas legislativas, incluyendo la mayoritaria de su propio partido con una alta dosis de autonomía, para debatir y aprobar la intensa agenda nacional de reformas que buscan modernizar a fondo el sistema democrático y las instituciones públicas del país.  

Abinader se verá precisado en este escenario a prestar especial atención a proyectos como la reforma de la Constitución, para evitar que la Asamblea Nacional desvirtúe el espíritu de la propuesta original como ocurrió en ocasiones anteriores. Inclusive, los acontecimientos violentos frente al Congreso en el pasado reciente están latentes aún en la conciencia nacional. 

No menos sensible para los intereses del pueblo es la tan vapuleada reforma fiscal integral que diseñará Abinader y que está contemplada desde 2012 en la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Su sometimiento a consulta en el Consejo Económico y Social ha sido evadido siempre por el liderazgo nacional, debido al gran componente político que conlleva la aplicación de nuevos impuestos directos e indirectos a los productos de consumo masivo.  

Los gobiernos dominicanos cada vez que han aprobado gravámenes que lesionan a la población experimentan la mayoría de las veces experiencias traumáticas. Los estallidos de violencia, muertes, heridos, apresados y el derrumbe de la popularidad de las autoridades y partidos políticos que  auspiciaron medidas de esta envergadura son reveladores.  

El maleficio
Los presidentes dominicanos comenzaron a enfrentar reveses y erosiones irreversibles en sus ejecutorias al sobrepasar los límites del primer año, a partir de 1978. El gobierno de Guzmán y el PRD (1978-82) inauguraron un nuevo período de apertura política que también garantizaría una ley no escrita de cien días de tregua y una oposición constructiva, que perdura todavía. 

No obstante, mientras corría el segundo año de Guzmán, el 3 de junio de 1980, estallaron violentos disturbios populares que dejaron al menos cinco muertos, medio centenar de heridos y más de mil apresados. Las protestas tuvieron su origen en un aumento de la gasolina, el pasaje y productos alimenticios de la canasta básica.  

La situación del gobierno se agravó mientras a lo interno del PRD se agudizaba la crisis interna generada por las luchas de tendencias. El máximo líder de la organización, José Francisco Peña Gómez, criticó a Guzmán y su gabinete atribuyéndole un distanciamiento de las bases perredeístas y de los principios del partido. 

El PRD volvió a triunfar en las elecciones de 1982 con Salvador Jorge Banco como su candidato presidencial (1982-1986), en medio de profundas contradicciones internas y de una aureola populista de “manos limpias”. Sin embargo, el maleficio se replicó con consecuencias sobredimensionadas en el segundo año de su mandato, el 23 de abril de 1984. 

La población valoró que las expectativas de progreso y ofertas electorales de Jorge Blanco fueron incumplidas y le retiró el apoyo, luego de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaba tomar medidas que elevaban el costo de la vida de manera significativa. 

El estallido violento sorprendió al país mientras regresaba del asueto de Semana Santa. En las pobladas donde se saquearon comercios y tiendas, se incendiaron vehículos, neumáticos y se obstruyeron calles en la capital, cientos de personas resultaron muertas, heridas y apresadas por las fuerzas militares y policiales. 

Movilización social
A partir de 1986 el PRD perdió el poder y enfrentó una gran división que comprometió los liderazgos de Peña Gómez, Jacobo Majluta y Jorge Blanco. Estos acontecimientos permitieron el regreso  de Balaguer a la presidencia de la República (1986-1996), iniciando una nueva etapa caracterizada por demandas económicas y sociales. 

Fue para este período que adquirió una gran trascendencia el Diálogo Tripartito, integrado por los sectores empresarial, sindical y gubernamental, con la mediación de la iglesia católica, para la solución de los constantes conflictos que afectaron la sociedad dominicana y que por memento pusieron en riesgo la estabilidad democrática. 

Este mecanismo de negociación coordinado por monseñor Agripino Núñez Collado allanó el camino, por ejemplo, para firmar acuerdos de aumentos salariales, fin de la huelga general convocada en medio de las crisis económica y electoral de 1990, y reforma del Código de Trabajo en 1992. 

También el Pacto de Civilidad para calmar las tensiones electorales de 1994, que concluyeron con el Pacto por la Democracia; conflictos en torno a la Junta Central Electoral (JCE) en el primer gobierno de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes fueron barridos en las elecciones de medio término de 1998 y luego en las presidenciales del 2000. 

El país volvió a vivir momentos aciagos a partir del segundo año de la gestión de Hipólito Mejía (2000-2002), cuando luego del primer año de su mandato propició una reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial, en abril de 2002, cuando además se generaban nuevos cambios en la JCE.   

Con su accionar Mejía provocó una nueva división del PRD. En su gobierno estalló una profunda crisis financiera con graves repercusiones económicas y políticas, que a la postre fueron determinante para su derrota electoral. 

Durante los últimos 16 años en que gobernó el PLD, con Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2020) surgieron con mayor auge los movimientos de carácter cívico-democrático, con influyente participación de la clase media, grupos profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Estos movimientos reclamaron sin éxito que la reforma constitucional de 2010 se realizara mediante una Constituyente. 

Los focos de resistencia que se hicieron visibles también con los reclamos para que a la educación se le asignara el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en los años de 2011 y 2012, cuando se aprobó de consenso un pacto.  

La plataforma de masas, con el movimiento Marcha Verde a la cabeza y organizaciones políticas opositoras, se solidarizaron desde mediados de la pasada década con los sectores marginados enarbolando reformas del sistema político, transparencia electoral, fin de la corrupción y la impunidad y rechazo a una nueva reforma de la Constitución para una segunda reelección de Medina.  

Estos reclamos, que desembocaron en grandes manifestaciones en la Plaza de la Bandera tras el fracaso de las elecciones municipales de febrero del año pasado, fueron capitalizados en mayor medida por Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM),  que ofrecieron aplicar el cambio deseado para destronar 16 años de hegemonía peledeísta en las elecciones de 2020. 

SEPA MÁS
Juan Bosch

El gobierno de Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en 1963, se excluye del embrujo padecido por los gobiernos en su segundo año de mandato, porque fue derrocado a los siete meses de su juramentación.  

Los 12 años
Tampoco el régimen de los “Doce Años” de Balaguer (1966-1978), ya que el líder del Partido Reformista no tuvo tegua desde que sonó la campana el primero de julio. Este régimen se caracterizó de principio a fin, por una cruenta represión estatal y una aguerrida oposición de la izquierda revolucionaria y el PRD.