Abinader va cómodo con un Congreso bajo su dominio

El Congreso Nacional con mayoría de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cumplió su cometido durante este primer año: aprobar casi todas las iniciativas urgentes provenientes del Poder Ejecutivo, o en las cuales el presidente Luis Abinader haya tenido alguna influencia.

Contadas excepciones, como los proyectos de Ley del Código Penal o de Extinción de Dominio, así como unos cuantos préstamos, han sido puestos en espera a pesar del pedido presidencial.

En este primer año, los legisladores aprobaron cientos de resoluciones, la mayoría sin peso alguno al tratarse solo de exhortaciones, así como leyes que en gran parte quedaron por mitad al no haber un consenso entre ambas cámaras legislativas.

Donde sí hubo acuerdo entre los senadores y diputados fue en aprobar todos los estados de emergencia solicitados por el gobierno, sin oposición; los contratos de compras de vacunas contra el COVID-19, sin revisión, y préstamos y posibilidades de endeudamiento que superan los 12 mil millones de dólares, sin fiscalización.

Sumado a estos datos, en este primer año del tren legislativo, y según la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se han promulgado 20 leyes sancionadas por el Congreso.

Pero el detalle está en que al menos 15 de estas iniciativas fueron depositadas por el Poder Ejecutivo, o en las cuales Abinader ha tenido alguna influencia en su aprobación. Por lo que solo cinco iniciativas han sido exclusivas del Poder Legislativo y aparentemente independientes del Poder Ejecutivo. A estas se le agregan dos leyes aprobadas aún sin promulgar.

Una recopilación de datos realizada por periodistas de Listín Diario muestra cómo ha sido el comportamiento de los congresistas en materia legislativa durante este primer año y como ha favorecido al gobierno de Luis Abinader.

Leyes promulgadas Más de 120 proyectos de ley suman aprobados entre ambas cámaras individualmente, pero solo se han puesto de acuerdo en 22 y de estos unas 16 iniciativas han tenido alguna influencia del Poder Ejecutivo.

A la fecha hay al menos 11 leyes aprobadas por el Congreso que fueron iniciativas del Poder Ejecutivo.

En materia económica se encuentran leyes como la del presupuesto general del Estado para el año 2021 y dos complementarios, faltando el más reciente por promulgar.

En lo referente a construcción, fueron aprobadas las leyes que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) y para la terminación de obras viales, escuelas y hospitales.

En salud, y para mitigar la crisis del COVID-19, solo se aprobó las modificaciones a la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones, en la cual se facilitó al Poder Ejecutivo la compra de vacunas durante la pandemia y con el estado de emergencia.

Después aparecen otras iniciativas que, si bien no fueron sometidas por el Poder Ejecutivo, sí tuvo influencia.

Está el caso de la ley que modifica el Código Civil para “eliminar el matrimonio infantil”, la cual fue objeto de muchas discusiones y supuestos arreglos para alterar su contenido y fue Abinader quien bajo una línea que permitió su aprobación con su formato inicial.

Otras en las cuales hubo influencia del gobierno fueron las modificaciones a la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y la que crea una zona especial de desarrollo integral fronterizo. En el caso de la primera, sometida por diputados, era de urgencia para el gobierno ante el nombramiento de Wellington Arnaud, quien en principio por ley no podía asumir el cargo.

Mientras que en la segunda, luego de un conflicto donde hubo insultos y críticas entre los legisladores de ambas cámaras, y ante la proximidad de perimir la ley, el presidente tomó las riendas e hizo de mediador entre las partes, logrando el consenso.

Esto es solo lo que refiere a leyes, ya que, en contratos y solicitudes, el Congreso otorgó todas las facilidades al gobierno presidido por Luis Abinader.

Lo pide, lo tiene Abinader logró un pleno con las solicitudes de estado de emergencia: ocho de ocho pedidos le fueron aprobados por el Congreso Nacional, todos por un plazo de 45 días.

Por “coincidencia” la primera solicitud de estado de emergencia fue hecha por el mandatario el 28 de agosto de 2020 y la última extensión aprobada, termina exactamente un año después.

A la espera de un hipotético nuevo pedido, y más allá de alguna leve queja, el Congreso sin oposición alguna aprobó todas las solicitudes de estado de emergencia.

La misma suerte corrieron los contratos para la compra de vacunas contra el COVID-19: cuatro fueron sometidos y todos aprobados.

Un detalle no menor es que en dos ocasiones la vicepresidente de la República, Raquel Peña, visitó el Congreso Nacional para pedir la aprobación del contrato que permitía la adquisición de casi 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Todos los contratos fueron leídos en su totalidad y más allá de sus estrictas y cuestionables disposiciones, fueron aprobados sin mayor revisión.

Otro tipo de contratos aprobados fueron los firmados con diferentes organismos para obtener préstamos que permitan el financiamiento de distintas acciones.

En total, el Congreso ha aprobado unas 14 posibilidades de endeudamiento distribuidas entre 10 préstamos, un presupuesto y dos complementarios y una autorización para colocar valores de deuda pública. Todo esto por un monto superior a los 12 mil millones de dólares.

Y, más allá de una crisis sanitaria vigente, de los préstamos aprobados solo tres mencionan de manera específica que son para mitigar los efectos o hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Falta de consenso El proyecto de ley del Código Penal, que al final fracasó en su aprobación y perimió, es solo una muestra de la falta de consenso entre los legisladores.

Por señalar un ejemplo, durante la pasada legislatura se inició en el Senado el proyecto de Ley Nacional de Vacunas, pero al llegar a la Cámara de Diputados nunca pudo ser aprobado, después de que varios legisladores alegaron que se buscaba imponer la “vacunación obligatoria”.

Otra situación ocurrió con el proyecto de Ley que regula la lengua de señas y el sistema braille. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el legislador Tobías Crespo denunció que la iniciativa se había aprobado anteriormente en cuatro ocasiones diferentes, pero que al llegar al Senado “siempre se cae”.

Y así ocurrió con varias iniciativas que tal vez por las circunstancias actuales de pandemia merecían un trato más ágil, como los proyectos de ley que elimina el pago de la reinscripción en colegios privados y el que regula el teletrabajo. En este primer año el Congreso abogó en aprobar todo lo proveniente del Poder Ejecutivo, por lo que en este segundo período las Cámaras deberán ponerse de acuerdo para mostrar su independencia y su rol como primer poder del Estado.