Evento climático extremo puede incrementar déficit fiscal 0.9%
Las investigaciones del BID refieren que los impactos fiscales ocasionados por los desastres naturales son de gran relevancia para las finanzas públicas.
La magnitud del impacto fiscal por eventos climáticos extremos pueden afectar los esfuerzos de recuperación.
Es sabido que el impacto de un fenómeno natural ocasiona grandes pérdidas económicas en los países y que esto obliga a los Gobiernos a buscar recursos adicionales, no solo para proteger a la población, sino también para enfrentar los daños ocasionados en los sectores productivos.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reseña que la ocurrencia de al menos un evento climático extremo por año se asocia a un incremento del déficit fiscal del 0.8% del producto interno bruto (PIB) para los países de ingreso mediano bajo y del 0.9% del PIB para el grupo de ingreso bajo en América Latina y el Caribe.
El documento explica que gran parte del efecto negativo sobre las finanzas públicas se canaliza mediante una caída de los ingresos fiscales. Indica que para los países de ingreso medio-bajo e ingreso bajo esta reducción en los ingresos públicos equivale al 0.8% y al 1.1% del PIB, respectivamente.
“Al combinar estas estimaciones con las tasas de ocurrencia de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe para el período 2001-19, se estima que el impacto fiscal fue de entre el 0.2% y el 0.3% del PIB por año. Esta cifra representa más del 10% del déficit fiscal promedio (2.6%) observado en los países de la región durante este periodo”, indica el estudio titulado Política fiscal y cambio climático: experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe publicado en julio pasado.
El documento explica que en el actual contexto de cambio climático, la magnitud, frecuencia y duración de los impactos fiscales ocasionados por los desastres naturales son de gran relevancia para las finanzas públicas.
Indica que cuando los eventos climáticos extremos se materializan tienden a reducir los ingresos fiscales debido a una baja en la recaudación tributaria resultante de su impacto sobre los sectores productivos.
Además generan una mayor presión sobre el gasto público como consecuencia de los costos para atender la emergencia y de la reconstrucción posterior de la infraestructura pública afectada.
Ambos canales de impacto inciden negativamente sobre el balance fiscal, debilitan las finanzas públicas, producen aumentos de la deuda pública, provocan el abandono o aplazamiento de nuevos proyectos de inversión, entre otros efectos.
“Desde una perspectiva fiscal, la mayor frecuencia de estos eventos implica un mayor riesgo de choques negativos sobre las cuentas fiscales y, por tanto, es importante tomar en cuenta su ocurrencia en los marcos fiscales de mediano plazo”, recomienda Luis Alejos, autor del apartado el “Impacto fiscal del aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos”.
La publicación establece que la magnitud del impacto fiscal como resultado del aumento de la frecuencia de los eventos climáticos extremos puede ser considerable y que pueden afectar los esfuerzos de consolidación fiscal que serán necesarios en la región para la recuperación después de la pandemia del coronavirus.
Retos pendientes El informe refiere que si bien en los últimos 20 años los países de América Latina y el Caribe han implementado medidas de adaptación para reducir su vulnerabilidad e incrementar su resiliencia, aún existen una serie de desafíos para enfrentar las posibles consecuencias negativas del cambio climático en las finanzas públicas.
Precisa que desde el punto de vista de la adaptación estos retos incluyen el desarrollo de estrategias financieras para implementar políticas fiscales contracíclicas ante la ocurrencia de desastres, el fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento ante el riesgo de eventos catastróficos, la reorientación de la inversión pública hacia una infraestructura resiliente y el uso de metodologías que permitan cuantificar y gestionar eficientemente el gasto público relacionado al cambio climático y a los desastres naturales.
En términos de mitigación indica que la región tiene pendiente eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y diseñar e implementar impuestos verdes.
“En la medida en que los gobiernos apliquen políticas para atender estos problemas, se logrará un mejor uso de los recursos financieros disponibles, se reducirá el impacto negativo sobre las cuentas fiscales y se contribuirá a los esfuerzos mundiales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global”, concluye el autor.
CIFRA $420 MM Daños al año. El daño anual promedio en el país asociado a desastres calculado en 2017, principalmente de origen hidrometeorológicos, se sitúa en los US$420 millones (0.69% del PIB).
El número de eventos que impacta territorio nacional ha crecido tendencialmente en los últimos 50 años.