Seguirán bajo encierro todos los imputados del caso Coral
Los fiscales acusan de corrupción a grupo del caso Coral.
La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de los implicados en el caso Coral, que tiene como principal imputado al mayor general Adán Cáceres Silvestre.
La magistrada Keila Pérez Santana, quien tiene el control de las investigaciones del caso, tomó la decisión al acoger un pedimento del Ministerio Público, que sostuvo en la audiencia que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró debe mantenerse la coerción para preservar el desarrollo de la investigación del entramado que supuestamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
A la salida del tribunal los abogados de los imputados adelantaron que tan pronto el tribunal le notifique la decisión de ratificación de la medida de coerción, la recurrirán ante la Corte de apelación del Distrito Nacional, no por estar conforme con la misma.
Héctor López Rodríguez, abogado de la pastora Rossy, consideró que la decisión evidencia que los jueces les tienen miedo a los fiscales porque acogen todo lo que estos solicitan.
De su lado, Camacho dijo que este proceso ha resultado imbatible para la defensa de los imputados, a tal punto que en la audiencia no pudieron presentar ni siquiera un argumento que pueda afectar el caso del Ministerio Público.
Expresó que sobre todo tratándose de una revisión de la medida de coerción, los abogados de los imputados no han presentado un solo presupuesto para pudiera justificar la variación de la medida de coerción dictada en su contra.
En la audiencia, la defensa de Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Alejandro José Montero Cruz, habían pedido al tribunal revocar la decisión y variar la prisión preventiva por una medida menos gravosa.