La “Operación Pulpo” es más compleja de lo que aparentaba

Como “cada vez más gra­ve y compleja” calificó ayer el Ministerio Públi­co la situación que afron­ta el grupo procesado en el entramado de corrup­ción puesto al descubierto a través de la “Operación Pulpo”, algo que, a su vez, sirvió de justificación a ese ente para solicitar una pró­rroga de cuatro meses, pa­ra presentar acusación for­mal en su contra.

Wilson Camacho, direc­tor de la Procuraduría Es­pecializada de Persecución de la Corrupción Adminis­trativa (Pepca), dijo que a los acusados no sólo se les investiga por los hechos iniciales presentados en la medida de coerción, si­no que han surgido otras líneas a raíz de las pesqui­sas.

Camacho, que junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, es­tán a la cabeza de las pes­quisas, dijo que hay nue­vas querellas y denuncias contra los encartados en el expediente.

Antes de vencerse el tiem­po para la presentación de la acusación en contra de los implicados en el caso de corrupción, el Ministe­rio Público solicitó al juez Amauri Martínez, apode­rado de la investigación, una prórroga de cuatro meses.

En la instancia, dirigida al juez del Tercer Juzga­ do de la Instrucción del Dis­trito Nacional, los fiscales alegan, entre otras razones que dan fuerza al pedido de prórroga, que están “a la espera de una investiga­ción de la Cámara de Cuen­tas, que ya se encuentra en proceso, como le comunicó el pasado 29 de julio el pre­sidente del órgano de con­trol, Janel Andrés Ramírez Sánchez”.

En el caso figuran. como im­putados Alexis Medina Sán­chez y su hermana, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Ger­mosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Ale­jandro Christopher Sán­chez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Es­teban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Car­mona.

Al grupo de exfunciona­rios, proveedores privilegia­dos del Estado y supuestos testaferros se les acusa de aprovecharse de sus víncu­los con el poder político pa­ra acumular fortunas millo­narias.

El Ministerio Público de­terminó que Alexis Medi­na Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Afirma que, mediante trá­fico de influencias y viola­ciones a múltiples leyes, los encartados crearon un mi­llonario entramado societa­rio para beneficiarse de los fondos de los contribuyen­tes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Es­tado, mediante operaciones ilegales, utilizando a perso­nas físicas y jurídicas.

PRISIÓN Fallo de Vargas En diciembre de 2020, el juez Alejandro Vargas dictó 18 meses de pri­sión preventiva, domici­liaria y presentación pe­riódica para los imputa­dos, por presuntamente integrar una red que es­tafó al Estado con mi­les de millones de pesos amparados en el víncu­lo familiar de dos de los procesados, Alexis Me­dina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, con el entonces presidente Da­nilo Medina.