La cárcel por dentro: allí están las “cabezas” de supuestos entramados corruptos
El Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres se ha convertido en el lugar al que envían a los señalados “cabecillas” de los últimos casos de corrupción administrativa investigados en el país.
Juan Alexis Medina, Adán Cáceres Silvestre, Luis Dicent y Jean Alain Rodríguez tienen varias cosas en común: encabezan la lista de acusados en delitos que atentan contra el Estado y guardan prisión preventiva en el mismo centro penitenciario bajo el protocolo de “máxima seguridad”.
Según estadísticas de la Dirección General de Prisiones, Najayo Hombres albergaba a junio un total de 1,658 reclusos, de los cuales 669 han sido condenados y 989 son preventivos. Los encartados que guardan prisión preventiva en este centro por los casos Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13 no disfrutan de las mismas “libertades” que otros reos, ya que su estadía en la cárcel se apega a “controles estrictos”.
Así lo aseguró la directora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, quien calificó al grupo de privados de libertad en estos casos como “de máxima seguridad o alta notoriedad”, ya que cumplen el “Protocolo para la clasificación, manejo y vigilancia” a diferencia de otros internos.
“Eso no significa que tengan privilegios, ni que van a ser tratados de forma diferente más allá del protocolo de seguridad que requieren esas personas de alta notoriedad”, resaltó. En la actualidad más 180 reclusos guardan prisión bajo este régimen que les garantiza “altos” niveles de protección, en vista de su supuesto involucramiento en crímenes y delitos que han despertado grandes niveles de rechazo en la población.
No existe una capacidad límite en las cárceles en las que funciona este sistema de máxima seguridad, explican a este diario desde la gestión penitenciaria del país. No obstante, si hace falta espacio “sólo hay que establecer los perímetros”. En cuanto a los alojamientos, todos son iguales. Cuentan con las mismas camas, baños, ventilación natural y artificial con ventiladores e Iluminación natural y artificial. “El programa de Alta Notoriedad o Máxima Seguridad cumple con todas las garantías constitucionales existentes para todas las personas privada de libertad. O sea que se le garantiza la salud, educación, asistencia jurídica, asistencia social, entre otros”, explicó Lagombra.
Sin embargo, los elementos que diferencian el trato que reciben los reclusos en condiciones regulares a otros que se apegan a este régimen van desde las visitas que pueden recibir hasta el contacto con otros internos. La directora del Modelo de Gestión Penitenciaria puntualizó que estas áreas de máxima seguridad cuentan con un reglamento para garantizar la integridad de los reos y de las instalaciones, las cuales cuentan con la custodia de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
Sobre el protocolo El reglamento, que se maneja de forma interna en los centros penitenciarios, establece las regulaciones y fija los estándares para la clasificación, manejo y vigilancia de los internos que requieren “protección extrema”.
La “alta notoriedad” de los internos deriva en el impacto social del caso o la situación legal de los internos, por lo que ameritan un espacio y una “vigilancia especial” para preservar su integridad y minimizar cualquier riesgo. Los privados de libertad bajo este protocolo tienen prohibido relacionarse con el resto de los reos de la cárcel, por lo que no sostienen ningún tipo de contacto con la población penitenciaria común. Todo con el objetivo de “evitar la concentración de visitantes en las zonas del área de máxima seguridad”.
No obstante, pueden recibir visitas presenciales siempre que estén registradas en el sistema de máxima seguridad, que cuenta con un listado de personas autorizadas por el propio recluso quienes pueden visitarlo luego de una “depuración”.
La alimentación de los internos se basa en un “menú balanceado”, sólo siendo distinta a la de los demás reclusos si la condición de salud de este tiene requerimientos dietéticos específicos.
A cada privado de libertad se le abre un registro que se actualiza diariamente con detalles y novedades acerca de su estadía en la cárcel, para dar constancia de la veracidad del seguimiento el recluso debe firmarlo.
Otra de las diferencias que caracteriza a este régimen es la entrada y salida de los pabellones por parte de los internos, ya que se encuentra protegida por agentes de la UTAR, quienes también están encargados de supervisar de forma presencial las conversaciones de los reclusos con terceros.
Los internos de máxima seguridad tienen derecho a educación litúrgica según su religión o credo en coordinación con las áreas correspondientes del centro penitenciario, también reciben apoyo espiritual una vez a la semana.
Caso Antipulpo El magistrado José Alejandro Vargas envió a prisión preventiva por 3 meses a cumplirse en el centro penitenciario Najayo Hombres a siete de los once imputados en la Operación Antipulpo. El listado lo integran Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y señalado como “cabecilla” del entramado; Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la institución anteriormente mencionada; Fernando Rosa Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper).
También fueron enviados a prisión preventiva Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El juez dispuso que estos tres últimos imputados cumplieran la medida de coerción en el centro penitenciario de San Pedro de Macorís, pero se imposibilitó por “falta de espacio”.
Por otro lado, a Carmen Magalys Medina Sánchez y al exministro de Salud Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, le dictaron tres meses de arresto domiciliario con grillete electrónico. Al excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, también se le dictó arresto domiciliario con impedimento de salida del país.
Operación Coral La magistrada Kenya Romero envió a prisión por 18 meses a cumplirse en Najayo Hombres todos los implicados en la Operación Coral, a excepción de la pastora Rossy Guzmán Sánchez que fue enviada a Najayo Mujeres y al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, remitido a prisión domiciliaria. En este caso fueron trasladados al centro penitenciario Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Operación 13 El pasado 18 de junio la jueza Kenya Romero dictó un año de prisión preventiva en contra de tres implicados Operación 13, el caso del supuesto fraude millonario de la Lotería Nacional. Entre los que cumplen medida en Najayo Hombres figuran el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent; Williams Lisandro Rosario Ortiz, expresidente de Fenabanca y Eladio Batista Valerio.
A Valentina Rosario, presentadora del sorteo; Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio le impusieron prisión domiciliaria.
Mientras que el no vidente Miguel Mejía, el chofer Rafael Mesa y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta deben presentarse periódicamente.
Caso Medusa El pasado martes la magistrada Kenya Romero dispuso prisión preventiva por 18 meses a cumplirse en el mismo centro penitenciario que los casos anteriores en contra del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados en la Operación Medusa. Otros apresados fueron Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, y Javier Alejandro Forteza. A Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte les dictaron prisión domiciliaria. Mientras que a Miguel José Moya le fue impuesta presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de un millón de pesos.
De aplicación obligatoria El Protocolo para la clasificación, manejo y vigilancia aplicado a reclusos de “alta notoriedad” es de aplicación obligatoria en todos los centros de corrección y rehabilitación del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Este sería aplicado gradualmente en las prisiones conforme avance el proceso de reforma del sistema penitenciario.