SCJ designa a juez para conocer investigación a diputada Rosa Pilarte
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, designó este martes al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien es identificada como integrante de una presunta red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
"Mediante el Auto 9-2021, de fecha 6 de julio de 2021, el presidente de la SCJ procedió a designar al magistrado Estevez en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución", indica la SCJ en un comunicado de prensa.
El Ministerio Público había solicitado el pasado lunes 5 de julio la designación de un juez de la instrucción especial de la SCJ con la finalidad de obtener todas las autorizaciones judiciales y medidas cautelares necesarias que pudieran derivarse como consecuencia de la investigación en el caso de la diputada Rosa Pilarte.
El procurador adjunto del Ministerio Público, Pedro Inocencio Amador Espinosa, quien había hecho oficialmente la solicitud al presidente de la SCJ, motivó que la misma se hace debido al privilegio de jurisdicción que posee la legisladora.
Lo que dice el MP
Según la instancia del Ministerio Público, la diputada "se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.
Resalta que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120.
También percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.
En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público le atribuye a la diputada Rosa Amalia Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2.