Lo que hacía cada implicado en la "Operación Medusa", según el MP

Cada uno de los implicados en la Operación Medusa tenía una función en específico, de acuerdo al Ministerio Público, para cometer acciones fraudulentas, las cuales son detalladas en la solicitud de medida de coerción.

El grupo al que se le solicitó medida de coerción está integrado por Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.

La estructura criminal tenía como eje operativo a Rafael Canó, quien era el jefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, el imputado Rafael Antonio Mercede Marte era el encargado de contabilidad, pero el mismo fungía como un asistente de Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien se encargaba de recolectar el 10% del pago de las empresas que eran beneficiarias como proveedoras de obras y servicios. 

Asimismo,  la imputada Altagracia Guillén, quien tenía la función de coordinadora del Área Administrativa, encargándose de los pagos de los servicios de la institución, como energía eléctrica y la flota, “pero es evidente que las evidencias demuestran que desempeñaba otras funciones como lo fue su participación en la maniobras fraudulentas de las remodelaciones y equipamientos de las fiscalías, como el caso del Juzgado de Paz de Salcedo, que todas las supuestas compras para su construcción fueron falsas, ya que el mismo funciona en la sede del Palacio de Justicia de la provincia Hermana Mirabal y no recibió ni un clavo de pared”.

Indica que Guillén Calzado, en coautoría con Ronny Concepción, y a partir del fondo creado, ponían cantidades superiores de personas al que realmente trabajaban y tiene una participación de primer orden en las remodelaciones de las Fiscalías, desde donde se distraían fondos.

“La imputada Altagracia Guillén fabricó facturas de la empresa Ramsa, para beneficiarse de contrataciones ficticias a cambio de recibir sobornos. Como es el caso de los materiales que se compraron supuestamente para la Fiscalía de Salcedo, pero los mismos fueron utilizados en la finca de la imputada, en Monte Plata. Esta construcción se hizo prácticamente en su totalidad con los materiales y empleados de la Procuraduría General de la República”, dice el expediente.

El Ministerio Público asegura que el entramado estableció un sistema fraudulento para las compras y contrataciones con el que Jonathan Rodríguez, en coautoría con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien firmaba las actas, en la que, en la mayoría de los casos, los imputados decidían previamente a quien se les debía asignar la licitación “o quien no podía ganar bajo ninguna circunstancia”.

De igual forma, expresan que el excontador Rafael Antonio Mercede Marte tenía un trabajo específico que consistía en calcular y recoger el soborno que se recibía y que se traía en bultos a la Procuraduría General de la República y de las que se beneficiaban todos los imputados.

En el Plan de Humanización se reflejaron las mismas maniobras fraudulentas, todo con la participación de los imputados, especialmente Jean Alain Rodríguez, Alfredo Solano, Jenny Marte y Rafael Mercedes. “La gran mayoría de las empresas fueron escogidas de manera directas no porque ganaron las licitaciones realmente”.