LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La PGR fue centro de campaña del PLD con activistas nombrados por todo el país
A su llegada a la Procuraduría para ponerse a disposición de las autoridades, Jean Alain Rodríguez quedó detenido minutos después.
Una especie de comando de campaña, donde supuestamente se distribuíaron, fue en lo que se convirtió la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Una investigación del Ministerio Público sostiene que hasta el área de estacionamiento soterrado de la Procuraduría sirvió como depósito de las compras de bebidas alcohólicas, provenientes de Villa Consuelo, que posteriormente eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en las actividades proselitistas de un movimiento político creado por Rodríguez.
Así mismo, explican que para los mismos fines se preparaban sobres con RD$400 cada uno, y que estos eran entregados en la oficina del imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la Winston Churchill.
Así lo establece el Ministerio Público (MP) en el documento donde reposan las acusaciones contra Rodríguez, quien desde el pasado martes está a esperas de que se le conozca medida de coerción tras estallar la “operación medusa”.
De acuerdo con el MP, se tiene confirmación de que en la sede de la institución, en la cuarta planta, bajo el nombre de Dirección de Coordinación Institucional laboraba un personal cuya función real era únicamente realizar trabajos políticos partidistas para el entonces procurador.
Los empleados contratados en el referido departamento realizaban trabajos desde los pueblos en favor de la imagen de Rodríguez y para ello, según el Ministerio Público, se les asignaron flotas y minutos pagados con los fondos propios de la PGR, dándole uso contrario a lo regulado en las normativos de la ley orgánica del MP.
Como parte de los colaboradores del entramado figuran Daniel Santos de la Cruz, pasado candidato a diputado por Santiago en anteriores elecciones, miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y beneficiario de un sueldo de 75 mil pesos como coordinador por ante el despacho del PGR; y Altagracia Guillén Calzado, que ingresó a la procuraduría como coordinadora de la dirección administrativa y financiera con un salario de RD$ 85,000 y, según testigos, también era miembro activo del Movimiento Político Renovación y fungía como enlace político ante el despacho del procurador.
El expediente señala a Waleska de Dios de Cabral, Joel Santos Genao, Raymel Santana Sano, Amel A. Richardson Ferrand, Robinson Espino Florentino, Sandel Hilari Feliz Lorenzo, Alan Soriano Luciano, Magnolia Cuello Figueroa y Manuel A. Méndez Jiménez como enlaces pero cuya labor era de activistas para el movimiento político Renovación 2020, en las diferentes provincias del país.
Además, el MP señala que el grupo político era el destino final de fondos desviados, traslados de suministros, uso abusivo de insumos diarios, incluyendo detergentes, materiales gastables, agua, café, sillas, mesas plegables y tanques refrigerantes, en lugar de las dependencias o unidades operativas de la PGR.
Este tipo de casos, de acuerdo con el documento, fue identificado en la Fiscalía de Uvilla, donde personas sin relación con la entidad y que tampoco correspondían al departamento específico para las funciones, recibían los insumos y firmaba sin cédula.
Justamente, los referidos desvíos de dinero guardan estrecha relación con los procesos electorales internos llevados a cabo para octubre 2019 y que se extendieron hasta las elecciones generales de 2020, donde el Ministerio Público verificó que en dicho periodo se efectuaron los mayores incrementos y entregas habituales.
Añaden además que el procurador general de corte, en funciones de procurador titular de Bahoruco, Esteban J. Cuevas Santana, desconocía dichas entregas y los datos generales de las personas que supuestamente recibían las entregas, dejando constancia escrita de ello.
“Lo mismo pasa en procuraduría fiscal de Hermanas Mirabal, en su dependencia de Salcedo”, indican. Los fiscales tienen el testimonio del titular Edward Núñez Merette, quien hizo constar no haber recibido ninguna clase de materiales ferreteros para la Fiscalía de Hermanas Mirabal, que supuestamente serían usados en la construcción del juzgado de paz de Salcedo, pero los mismos no fueron recibidos y las requisiciones fueron firmadas por empleados que no corresponde a la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal.
“Rainiery Elizabeth Medina Sánchez dijo que parte de dichos materiales de construcción distraídos y desviados fueron usados en la finca de la imputada Altagracia Guillen Calzado, no solo se usaron los materiales, también se usaron parte del personal de la PGR”, señalan los documentos.